Nueve Centros de Estudios de centro y centroizquierda, presentaron un Téngase Presente al Consejo Constitucional, advirtiendo los graves riesgos que conlleva el imponer enmiendas identitarias por minoría circunstanciales, en este caso, de extremaderecha como el Partido Republicano de José Antonio Kast, secundado por Chile Vamos de la UDI, RN y Evópoli.
A continuación el texto, que se explica por sí mismo:
«La lucha, en un primer momento, por la recuperación de la democracia y luego por su consolidación y fortalecimiento ha sido el eje del quehacer de las fuerzas democráticas y progresistas. Vemos con preocupación que los avances registrados a partir del triunfo en el plebiscito del 5 de octubre de 1998, las reformas constitucionales de 1989 y 2005, entre otros avances institucionales están hoy día seriamente amenazados.
Las enmiendas presentadas por el Partido Republicano atentan en contra de las conquistas democráticas fundamentales. Su aprobación, significaría una grave regresión hacia un sistema democrático iliberal. Es lamentable que los partidos de Chile Vamos que han sido parte de varios de los mejoramientos constitucionales en las últimas décadas no opongan Resistencia y que, más aún, con la presentación de varias enmiendas conjuntas se plieguen al esfuerzo para transformar en letra muerta la afirmación de un Estado Social Democrático de Derecho consignada en la reforma constitucional que habilitó el proceso actualmente en curso.
Mientras especialmente del Partido Republicano ponen en cuestión avances civilizatorios de la humanidad. Constituyen un conjunto de propuestas y en sintonizadas con otras fuerzas de extrema derecha a nivel internacional como las que gobiernan Hungría, Polonia y gobernaron hasta hace poco Brasil. Buscan en primer lugar constituir gobiernos autoritarios que puedan operar sin contrapesos. De allí el objetivo explícito de limitar la autonomía del poder judicial y socavar las atribuciones del Congreso Nacional. Se proponen instrumentalizar las FF.AA. y las policías otorgándoles un estatuto de privilegio. Obstaculizan la búsqueda de verdad, justicia y reparación en materia de DD.HH.
Así mismo, apuntan a precarizar el trabajo y limitar la capacidad de los trabajadores de luchar por sus derechos y reivindicaciones. Atentan gravemente en contra de los derechos de las mujeres haciendo caso omiso de las luchas históricas de los fuertes movimientos de mujeres por la igualdad de género tanto en Chile como en el mundo. Desprotege en el medio ambiente y cuestionan la condición de bien público de un recurso tan indispensable para la vida humana como el agua. Como coronario, mediante la reposición de quórums prácticamente inalcanzables que tenía la Constitución de 1980, buscan que la nueva Carta que protegen sea en los hechos y modificable o simplemente pétrea.
Otras instituciones de la sociedad civil, aunque de orientación distinta a la nuestra como el Centro de Estudios Públicos (CEP), Ana advertido que las enmiendas republicanas se introducen una “política de identidad que solo puede practicarse de manera conflictiva” puesto que “las identidades no aceptan negociación” lo que conduce a “evaluar la actitud democrática liberal de defensa de la autonomía individual frente a la elección de opciones sustantivas”.
No estamos lanzando críticas sin sustento jurídico basadas en diferencias ideologías. Nuestros reparos a las enmiendas se fundamentan en un análisis riguroso basado en los principios esenciales del constitucionalismo democrático contemporáneo que permitió identificar 11 líneas rojas que estas enmiendas cruzan hacia un retroceso democrático inaceptable:
1. Un grave retroceso en materia de derechos humanos.
La impugnación del estatuto constitucional de los tratados internacionales pone a Chile en una condición de marginalidad en el sistema internacional y atenta contra la posibilidad de continuar avanzando en verdad, justicia y reparación en materia de Derechos Humanos. La enmienda 49/Capítulo 1 desconoce el principio fundamental que establece que los tratados internacionales de derechos humanos con de la soberanía nacional. Chile ha suscrito tratados internacionales que se encuentran plenamente vigentes y que contienen normas esenciales para nuestra convivencia nacional, como el Pacto de San José de Costa Rica y el Convenio 169 de la OIT, En los que se consignan derechos sociales, económicos y culturales fundamentales para los pueblos originarios.
2. La constitucionalización de las isapres y las AFP.
Pide el avance hacia un sistema público de seguridad social que ofrezca protección universal como existe en la mayoría de los países más desarrollados, por medio de la declaración a priori de inconstitucionalidad de las propuestas en materia de salud y pensiones que apunten en la dirección
a. Enmiendas 11/Capitulo 2 (Republicanos y Chile Vamos) y 120/Capitulo 2 constitucionalista en el modelo de Isapre al consagrar la libertad de elección respecto del destino de las cotizaciones;
b. Enmiendas 214/Capítulo 2 (Republicanos y Chile Vamos) y 215/Capítulo 2, constitucionalizar de forma explícita el modelo de AFP (libertad para elegir el destino, propiedad y heredabilidad de la cotización).
3. El debilitamiento deliberado de la educación pública.
a. Las enmiendas 132/Capítulo 2(Republicanos y Chile Vamos) y 153/hoy Capítulo 2, constitucionalizar la política del váucher educacional. Por otro lado, el interés superior del niño queda enteramente supeditado a la decisión de los padres, desconociendo que son sujetos de derecho y las obligaciones del Estado en materia educacional.
b. Enmienda 141/Capítulo 2, establece a la calidad como criterio preferente de asignación de recursos, lo que dificulta la tarea de fortalecer la educación (pública) y fomentar su mejoramiento continuo. Las enmiendas pretenden que la asignación de recursos no condicione ningún caso de la libertad de enseñanza de los establecimientos privados, dando lugar a un derecho constitucional a la subvención sin el cumplimiento de los requisitos básicos que pueda establecer el legislador.
4. Una severa limitación de la soberanía popular.
Junto con la eliminación de los foros deliberativos ciudadanos, Enmiendas 46/Capítulo 3, el aumento de los quórums para la aprobación de las leyes, Enmiendas 91/Capítulo 4, sí propone el restablecimiento del control preventivo de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional lo convierte en una especie de tercera cámara que limita la soberanía popular en tanto se afectan las prerrogativas del Congreso Nacional. Se busca de esta manera mantener uno de los rojos contemplados en la constitución de 1980. Enmienda 22/Capítulo 8.
5. La autonomía nación de las FF.AA. y las policías.
La incorporación de un capítulo aparte sobre FF.AA. Puede suponer en los hechos, un cuestionamiento al principio de subordinación al poder civil. Tema especialmente sensible dada la historia reciente marcada por una dictadura militar que se prolongó por 17 años. Las FF.AA. no pueden ser consideradas como un poder aparte. Por el contrario, destacar en la estructura constitucional su subordinación al poder escribir democráticamente constituido constituye una condición básica de una democracia plena.
6. Un grave menoscabo a los derechos de las mujeres.
Varias enmiendas desconocen abiertamente los derechos de las mujeres y pueden afectar la adecuada interpretación y aplicación de la legislación actual sobre aborto en tres causales:
a. Enmienda 3/Capítulo 2 pone en riesgo la continuidad de la ley de interrupción del embarazo en tres causales;
b. Enmienda 18/Capítulo 1 elimina el mandato dirigido al legislador para asegurar el acceso igualitario de mujeres y hombres tanto a los mandatos electorales como en los cargos electivos.
7. Debilitamiento de la protección del medio ambiente.
Los trastornos provocados por el cambio climático hacen particularmente necesario el fortalecimiento de las políticas de protección del medio ambiente. Sin embargo, varias de las enmiendas presentadas apuntan en la dirección contraria debilitando el papel del Estado y las personas en la protección del medio ambiente:
Enmienda 98/Capítulo 2, impide o dificulta el ejercicio de la potestad reglamentaria estrategia ambiental, siendo que, precisamente, mediante ella se implementa la legislación medioambiental y se establecen normas para su protección (reglamentos o decretos);
8. La privatización del agua.
Al conferir a las concesiones sobre derechos de agua el carácter de derechos de propiedad se atenta en contra del principio básico que el agua es un bien público que no puede ser objeto de apropiación privada. Se retrocede respecto a la reciente aprobación del nuevo Código de Aguas, tras más de 11 años de deliberación en el Congreso Nacional, y su garantización cómo derecho humano;
a. Enmienda 220/Capítulo 2, sustituye el derecho humano al agua por meramente su acceso;
b. Enmienda 261/Capítulo 2, propone derechos de propiedad (disponer) sobre las aguas.
9. La precarización del trabajo y la limitación de la libertad sindical.
En contra de los estándares internacionales establecidos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se pretende eliminar el derecho al trabajo decente, para sustituirlo sólo por la libre elección y libre contratación. De esta forma el trabajo se reduce la condición de una mercancía más y se ignora su aporte insustituible a la vida social. Enmienda 183/Capítulo 2.
Por su parte, las restricciones al derecho a huelga constituyen una limitación inaceptable a la libertad sindical: Enmienda 193/Capítulo 2, suprime a la huelga como derecho comprendido en la libertad sindical y/o constriñe su ejercicio solo al marco de la negociación colectiva.
10. El establecimiento de una constitución pétrea.
El aumento de los quórums de reforma busca hacer rápidamente inmodificable un texto que debe estar necesariamente abierto a las transformaciones del mundo contemporáneo y al libre desenvolvimiento del debate democrático, de acuerdo a la sanción que propongan mayorías razonables: Enmienda 2/Capítulo 14, pretende aumentar el quórum de reforma constitucional de cuatro séptimos a dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio.
11. Hoy impunidad a crímenes de lesa humanidad.
Este es el objetivo que se persigue mediante la enmienda 28/capítulo 2 que limita el encarcelamiento de los mayores de 75 años al no incluir a los condenados por crímenes de lesa humanidad como se hace en muchas legislaciones de otros países. Su aprobación beneficiaría principalmente a los condenados por esos delitos actualmente en Punta Peuco.
Llevamos prácticamente cuatro años viviendo en la emergencia con estallido social, pandemia, recesión económica, guerra en Europa con sus graves efectos para el resto del mundo, Convención Constitucional fallida, nuevo proceso constitucional con un cambio radical en las preferencias ciudadanas. Necesitamos estabilidad. Sin ella no podremos resolver ninguno de los grandes desafíos en materia de crecimiento, justicia y cohesión social. La decadencia es una amenaza latente. La Convención Constitucional fracasó porque no fue capaz de proponer una Constitución para todos. El Consejo Constitucional no debe incurrir en el mismo error. Una Constitución para todos no puede ser el programa de un sector mayoritario que sea circunstancialmente. Una Carta Magna legítima y prestigiada debe abrir espacio para que las distintas visiones puedan competir en igualdad de condiciones. Este evidente que existen en la sociedad chilena identidades y visiones distintas respecto de nuestro pasado y los desafíos futuros. Creemos las condiciones para que estas se confronten libremente resistiendo la tentación de imponer al conjunto una identidad parcial de Chile.
En estos momentos decisivos, desde el espacio que ocupamos como centros de pensamiento, llamamos a agotar los esfuerzos para acordar un texto que habilite el libre juego democrático, que abra espacios a la deliberación informada e inteligente, que rechace la imposición de una identidad o un programa específico. Antes que el país se pronuncie por un sí o un no el 17 de diciembre próximo es fundamental que los distintos sectores de la sociedad organizada, trabajadores, empresarios, movimientos de mujeres, maestros, estudiantes, jueces, intelectuales, ecologistas, regionalistas, animalistas se puedan expresar en vistas a contribuir a la presentación de un texto constitucional que genere el más amplio respaldo ciudadano».
Firman entre otros: Casa Común: Catalina Moya, Eugenio Rivera; Chile 21: Daniel Grimaldi, Claudia Heiss, Pamela Martínez, Carlos Ominami; Democracia y Comunidad: Marigen Hornkohl, Eugenio Ortega; Fundación por la Democracia: Víctor Barrueto, Eduardo Báez, José Antonio Ramírez, Daniela Barrera; Horizonte Ciudadano: Eolo Díaz-Tendero. Pedro Güell; ICAL: Pablo Monge; Instituto igualdad: Camila Miranda, Pierina Ferretti; Rumbo Colectivo: Tomás Leyton, Carla Sepúlveda.
