Nacional y economía

Auditoría de Contraloría reveló pagos irregulares en la Corporación Municipal de La Serena

La Contraloría General detectó pagos a 19 supuestos funcionarios por servicios no realizados en la Corporación Municipal de La Serena, sumando cerca de $800 millones. Se inician acciones legales y procesos penales

La Contraloría General de la República puso al descubierto una serie de irregularidades en la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, la cual administra servicios de salud y educación. Y está encabezada por el alcalde Roberto Jacob Jure (PRSD).

Según la auditoría, se identificaron pagos por aproximadamente 800 millones de pesos a 19 individuos por servicios no prestados.

Este descubrimiento surgió tras una denuncia en redes sociales sobre irregularidades en el pago de honorarios en el área de la salud municipal de La Serena, lo que llevó a investigaciones internas y una auditoría de la Contraloría.

Informe de la Contraloría de Coquimbo

La Contraloría Regional de Coquimbo, en su informe final, detalló que entre 2020 y 2021, la Corporación Municipal pagó honorarios a 19 personas que efectivamente no realizaron funciones ni prestaron servicios en establecimientos de atención primaria de salud, sumando más de 761 millones en pagos considerados «improcedentes».

Además, la auditoría descubrió que, al 1 de agosto de 2023, la Corporación mantenía una deuda pendiente con la Tesorería General de la República por más de 2.334 millones por diversos conceptos, y otros 2.511 millones en deuda por impuestos declarados y no pagados.

La Corporación, al ser consultada sobre estas deudas, indicó que había firmado un convenio para pagar al menos 880 millones pendientes de los impuestos de 2021, sin proporcionar documentación que respaldara esta afirmación.

No obstante, la Contraloría otorgó un plazo de 60 días hábiles a la Corporación para presentar los documentos requeridos y aclarar las deudas.

Por otra parte, se cuestionaron pagos por honorarios de 31,2 millones por servicios sin respaldo, y otros pagos en exceso o defecto en Cesfams, SAPUs y SARs por un total de 7,4 millones.

Los antecedentes han sido entregados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para iniciar los procedimientos penales correspondientes.

Por otra parte, el municipio ya ha presentado querellas por fraude, estafa y otros delitos contra los funcionarios implicados.

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