Nacional y economía

Autopista: una aclaración a El Mercurio Por Patricio Herman

Patricio Herman

Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad

MOP licita dos proyectos de infraestructura por 1.200 millones de dólares
Los medios de comunicación no pueden sobreponer los intereses corporativos que representan sobre el interés público del país.

Este medio de expresión, en su edición del 31/05/2024, publicó el editorial «Nuevo retraso en autopista» criticando a la municipalidad de Pudahuel y a las organizaciones sociales de esa comuna porque, con sus planteamientos, se ha elevado el costo de la licitación de la segunda concesión de la autopista Ruta 68 que une Santiago con Valparaíso.

¿Porqué la molestia de tal diario? Debido a que se acordó incorporar nuevas inversiones que habrían obligado a retrasar la presentación de las ofertas, pero sin mencionar que esas obras tienen como objetivo saldar una deuda urbana generada hace 25 años porque el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de ese entonces consideró innecesario implementar en la concesión original de esta Ruta 68, los cruces debidamente planificados en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) del año 1994. Debieron construirse los pasos en Neptuno, Las Torres, Teniente Cruz, La Estrella y Serrano, pero solo, despreciándose los intereses de la comunidad, se implementó, el de Teniente Cruz.

Esa mala decisión del MOP generó una “cicatriz” en la ciudad que en 6 kilómetros solo puede ser cruzada en un punto y que afecta a diario a todos los habitantes del sector poniente de Santiago. Naturalmente, ese tramo urbano de la Ruta 68 podía construirse a nivel, interrumpiendo la continuidad norte-sur de las vías de la comuna.

Seguramente a dicho diario eso no le interesa en lo más mínimo o no le da la importancia que tiene para los vecinos. Pero sobre todo muestra el brutal contraste con la decisión del mismo MOP de construir de forma subterránea dos tramos de autopistas en la Av. Américo Vespucio Oriente, AVO I y AVO II, para no molestar a los vecinos de Providencia, Las Condes, Ñuñoa y La Reina, que gracias al MOP tendrán un parque y una regia autopista subterránea que les otorgarán más plusvalía a sus propiedades. En el resto de Av. A. Vespucio se tiene una autopista a nivel y recién ahora, casi 20 años tarde, se intenta reducir el impacto del ruido producido por los vehículos instalando barreras acústicas de varios metros de altura en algunos tramos de la autopista Vespucio Sur.

El Mercurio debió decir que el atraso en la licitación de la segunda concesión de la Ruta 68 se debe en realidad a que el MOP inició el proceso de licitación, el 31 de diciembre de 2021, sin tener el anteproyecto de las obras, el que debía entregarse en ese momento a las empresas interesadas en adjudicarse la licitación. Ya en 2021 el anteproyecto debió incluir los cruces faltantes de la Ruta 68 en Pudahuel con un estándar acorde a la dignidad de los vecinos del poniente de Santiago. Pero más de 3 años después todavía está en elaboración el anteproyecto como parte del Estudio Integral de la segunda concesión, ahora incluyendo esos cruces faltantes.

El Mercurio también debió decir que el proyecto de segunda concesión de la Ruta 68 no tiene la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), es decir, no se sabe si los recursos de la sociedad que se pretenden invertir tienen la rentabilidad mínima de 6%. La inversión original era de UF 29 millones, pero ya va en UF 35 millones, producto de la obras adicionales y otros cambios necesarios.

La exigencia de esa aprobación del MDSF fue introducida en la ley de concesiones para evitar que las autoridades de turno propongan malos proyectos que luego deben ser financiados por los usuarios mediante peajes u otro tipo de forma de pago. Así se expresa en el artículo 2° de la ley de concesiones:

“[…] los proyectos de inversión a ejecutarse mediante el sistema de concesión deberán contar, como documento interno de la Administración, con un informe emitido por el Ministerio de Desarrollo Social. En el caso de los proyectos de inversión, el informe deberá estar fundamentado en una evaluación técnica y económica que analice su rentabilidad social. […] Mientras no se cuente con dicho informe no se podrá iniciar el proceso de licitación”.

El MDSF no entregó su aprobación porque a priori no es posible estimar la rentabilidad social de la inversión en la Ruta 68, ya que el proyecto incluye una nueva calzada reversible, que operará según el sentido de mayor flujo en una extensión de 80 km entre Placilla y el nuevo túnel Lo Prado. El sentido de circulación de la vía reversible se propone determinarlo una vez que esté construida la vía reversible y los usuarios hagan uso de ella. Es primera vez que se propone una obra vial interurbana de ese tipo y el sentido común indica que no es una buena idea por el riesgo de accidentes a alta velocidad, ¿qué pasará si el sistema de control falla e ingresan conductores en el sentido contrario de circulación?

Por otro lado, los usuarios habituales de la Ruta 68 saben que la congestión se produce solamente entre la cuesta Lo Prado y la Costanera Norte. Entonces, ¿para qué se propone la calzada reversible en un tramo sin congestión? Posiblemente para justificar el pago de los peajes en ese tramo y así fomentar, por ejemplo, que las AFP inviertan en la nueva autopista, al ser un negocio muy rentable y seguro: el flujo de vehículos y los peajes aumentan constantemente. Según la Superintendencia de Pensiones, a febrero de este año las AFP mantienen inversiones por UF 24 millones en las empresas concesionarias de autopistas.

La falta de ese informe favorable del MDSF fue denunciada por la concejala Gisela Vila en la Contraloría General de la República, pero por motivos inexplicables, su acusación no tuvo eco en el ente contralor dirigido en ese momento por el abogado Jorge Bermúdez.

Por otro lado, el Gobierno Regional (GORE) de la Región Metropolitana de Santiago pidió incorporar en la segunda concesión el mejoramiento del Nudo Pajaritos, que es parte del proyecto Alameda-Providencia y que requiere una inversión de UF 1 millón. El plan del MOP es usar la segunda concesión de la Ruta 68 para construir el nudo, pero inmediatamente después sacarlo de la concesión para que quede bajo tuición municipal, ¿sabrán los alcaldes del sector que tendrán que mantener esa obra? Incluso se planea construir primero el nudo burlando el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), utilizando una «consulta de pertinencia», para que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de esta región el que autorice fraccionar el proyecto.

Por último, el MOP pretende que todas las inversiones que haga el nuevo concesionario de la Ruta 68 se financien con 9 peajes troncales entre Placilla y el actual peaje Lo Prado, eso incluye la faraónica e innecesaria nueva calzada reversible, dos nuevos túneles necesarios para que la vía reversible y todas las obras adicionales ya mencionadas en Pudahuel, Lo Prado y Estación Central. Ello nos parece muy injusto para los habitantes de Valparaíso, Viña del Mar, Casablanca y Curacaví.

Los lectores de esta columna deben saber que la mayor parte de lo mencionado aquí está descrito en el documento “Informe sobre Construcción de Nudo Pajaritos dentro de Concesión Interconexión Vial Santiago – Valparaíso – Viña del Mar”, de junio del año 2023, adjunto al oficio N° 1619/2023, del Jefe División Evaluación Social de Inversiones del MDSF, obtenido por la aludida concejala Vila, a través de la ley de Transparencia.

Todo esto está en desarrollo mientras el MOP está avanzando en el proyecto de tren entre Santiago y Viña del Mar, con una inversión estimada de UF 90 millones, y también en una nueva autopista concesionada, Orbital Norponiente Santiago, que requiere UF 45 millones y servirá de alternativa para evitar el paso por el tramo más congestionado de la Ruta 68. Es un tremendo despropósito la enorme inversión y dedicación de ese ministerio habiendo tantas necesidades en otros lugares de la región y del país y por ello sería necesario que la ministra Jéssica López revise este asunto, en orden a analizar si los recursos públicos están siendo bien utilizados por la Dirección General de Concesiones o bien se trata solamente de proponer inversiones en autopistas a diestra y siniestra, en contra del desarrollo sostenible del país.

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