La diputada Catalina Pérez (RD) suspendió su participación en la vicepresidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados en medio de la polémica por el contrato y traspaso de dinero firmado por el Serviu de Antofagasta y su pareja, Daniel Andrade, instancia indagada como un posible conflicto de intereses.
De acuerdo con lo señalado por la parlamentaria, su decisión «no implica una renuncia», sino que se congela su participación en la mesa directiva de la Cámara Baja, a una semana de que termine el plazo legal para que Pérez y el presidente, Vlado Mirosevic, deban dejar su cargo, tal como lo estipulan los plazos legales.
La situación de la congresista motivó que la UDI anunciara una moción de censura en contra de la mesa, pidiendo que la propia Pérez respondiera a las acusaciones ya fuera de la instancia vicepresidencial.
«Han sido días sumamente duros, se me endosan responsabilidades que no tengo», aseguró, agregando que este «daño no debe ser pasado al oficialismo y su proyecto político».
Asimismo, destacó que «no daremos espacio al aprovechamiento político. Si para eso es necesario suspender mi presencia en la mesa, no tengo problemas, porque hay objetivos mayores», complementó.
Pérez subrayó en el caso, «por terceros, se me busca una responsabilidad que yo no tengo».
Esta situación se da a propósito del traspaso de $426 millones del Ministerio de Vivienda de Antofagasta, a cargo del seremi Carlos Contreras, quien además fue jefe de gabinete de Pérez, a la fundación Democracia Viva, ligada a su pareja, quien además renunció a su cargo en el Ministerio de Defensa.
