La Contraloría General de la República (CGR) anunció el inicio de una auditoría nacional a todas las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones, en un plazo que comprende desde 2021 a la fecha.
También se realizarán acciones de fiscalización en otros servicios, «en virtud de las presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos, así como también el análisis de datos masivos de la institución».
«Las auditorías contemplarán áreas como asignaciones directas, rendición de gastos, ejecución presupuestaria, otorgantes, receptores, entre otros aspectos», concluyeron.
Aunque un equipo especial de investigadores del organismo se instaló ya en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda en Antofagasta, tras conocerse los millonarios convenios suscritos entre esa repartición y la fundación Democracia Viva, vinculada a militantes de Revolución Democrática, el caso convenios se expandió a varias regiones del país -Atacama, el Maule y Biobío- por similares hechos: contratos con fundaciones, con traspasos directos de millonarias cifras. Todo esto en medio de una serie de investigaciones abiertas por el Ministerio Público.
El anuncio de la auditoría nacional de la CGR, se da el día siguiente de que el contralor nacional, Jorge Bermúdez, comentara que se deberá profundizar en la regulación que rige el traspaso de fondos entre el Estado y organizaciones civiles.
«Nosotros tenemos detectados varias falencias en materia de transferencia que vamos a poner a disposición también del Congreso Nacional», aseguró Bermúdez, a lo que agregó que «es un elemento que debiese tratar de profundizar en la regulación en esa materia».
