Como un efecto del Caso Democracia Viva, en Antofagasta, y de las múltiples investigaciones que se realizan a fundaciones en al menos nueve regiones, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara empezó a discutir al menos cuatro proyectos que buscan regular la entrega de recursos públicos a este tipo de instituciones.
Uno de los proyectos -Fundaciones Transparentes- fue presentado a principios de julio por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (PS) y busca crear un Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro. Este incluye normas como tener dos años de antigüedad para recibir aportes del Estado; la obligación de publicar remuneraciones, contrato, monto, origen y destino de los aportes, y cinco años de no poder recibir fondos públicos cuando se incumplan estas medidas.
El diputado Jorge Brito (RD) también presentó una de estos cuatro proyectos, cuyo foco está puesto en el acceso a la información de las fundaciones.
“Permitirá estandarizar el régimen de acceso a la información sobre transparencia activa como pasiva, resguardando el interés de la nación frente a la ejecución de programas sociales o iniciativas de apoyo a la comunidad”, sostuvo.
En términos generales, los distintos proyectos buscan modernizar la legislación existente que fija los requisitos que deben cumplir las fundaciones y ONG; establecer requisitos específicos para sus socios, elementos de acción pública, publicidad de sus actos y otras materias, e incorporan obligaciones para las personas jurídicas con el fin de garantizar el buen uso y destino de los recursos del Estado que perciban.
