Uno de los debates más encendidos durante el proceso de la elaboración de la propuesta de Constitución, que se plebiscitará el domingo 17 de diciembre fue el tema del fin al pago de contribuciones a la primera vivienda. Tema que históricamente ha sido sensible para la mayoría de los chilenos.
En su trabajo “Impuesto Territorial y Financiamiento territorial”, Slave Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliario, explica que históricamente la opinión pública se ha mostrado en contra de su aplicación.
Es más, se han generado debates jurídicos para definir si es un impuesto al patrimonio, para tratar de definir si es o no inconstitucional.
Es un impuesto que tiene larga data y que se ha ocupado desde el inicio de las civilizaciones, ya que la simpleza de su naturaleza, la facilidad de cobro y lo bajo de su evasión lo ha transformado en uno de los instrumentos de recaudación que menos incide negativamente en el crecimiento económico.
Qué son las contribuciones.
La Tesorería General de la República define las contribuciones como un impuesto patrimonial sobre los bienes raíces que corresponde a un porcentaje del avalúo de las propiedades, y se aplica tanto a las propiedades agrícolas como no agrícolas.
Además, indica que es el Servicio de Impuestos Internos (SII) quien es la entidad encargada de calcular el impuesto y que el pago se cobra anualmente en 4 cuotas.
Del dinero recaudado un 40% se queda en el municipio y el 60% restante se ingresa al Fondo Común Municipal, exceptuando las comunas de Providencia, Vitacura y Las Condes, donde sólo queda el 35% se queda en la comuna y el 65% va al Fondo. En Santiago el aporte es de 55%.
A diferencia de las patentes comerciales o los permisos de circulación, que es recaudado por directamente por los municipios el impuesto territorial está por ley a cargo del Servicio de Impuestos Internos (SII) y es recaudado por la Tesorería General de la República.
Según el estudio de Razmilic, en el año 2013, es decir hace una década, los municipios chilenos administraron casi 6 billones de pesos, aproximadamente el 4% del PIB.
Dependencia económica de los municipios al FCM
Los municipios son los encargados de mantener las calles, las luminarias, la mantención de plazas y jardines, los consultorios, el pago de sueldo a funcionarios, entre otras actividades, por lo que dependen directamente de los aportes que reciben anualmente del Fondo Común Municipal
Es más, para los municipios más pobres del país y las comunas más pequeñas o aisladas como Isla de Pascua, Treguaco, Cabo de Hornos, Saavedra, San Juan de la Costa y Navavidad, el aporte que reciben del Fondo Común Municipal significa entre el 80 y 90 % de su presupuesto anual.
En cambio, para las comunas de Santiago, Las Barnechea, Las Condes y Providencia, significa menos del 2% de sus recursos.
El 57% del dinero que es administrado en el Fondo se origina en el impuesto territorial, 23 porciento es por la recaudación por permisos de circulación y 13% por las patentes municipales. Por lo que los presupuesto de casi el 80% de los municipios dependen de los dineros generados por el cobro del impuesto territorial.
No todas las propiedades pagan impuestos
No todas las viviendas pagan impuestos, sino solo aquellas que superan el avalúo fiscal superior a los $54.533.049, por lo que más más del 77% de las viviendas en Chile están exentas del pago, versus el 23% que si debe pagar.
Pero también están exentos de pago los edificios pertenecientes al fisco, municipalidades, colegios, universidades, cuerpos de bomberos y algunas fundaciones de beneficencia.
Fin al pago de contribuciones a primera vivienda una catástrofe para los municipios
En la propuesta de nueva constitución en el artículo 29 letra c) indica que el El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial.
Para la presidenta de la Asociación de Municipalidades, Carolina Leitao Alvarez (DC) y actual alcaldesa de la Comuna de Peñalolen, en entrevistas en varios medios de comunicación, ha indicado que de implementarse la exención tributaria será una catástrofe para todos los municipios del país.
“Si se comenzara a ejecutar sería catastrófico para el mundo municipal, le pega a la línea de flotación”, comentó.
La autoridad indica además que se crearía una crisis financiera en el ámbito municipal, perjudicando a más del 80% de los municipios y a los millones de chilenos que viven en ellos.
“Además no se generará los efectos que los esperado por que finalmente terminará favoreciendo a un grupo pequeño de personas y perjudicará a una gran masa de personas que hoy reciben prestaciones de cada municipio”. dijo.
Si se termina con el impuesto el Estado deberá generar otros para compensar
Para la alcaldesa es importante que la ciudadanía entienda que, si se dejan de recibir los fondos generados por la recaudación del pago de contribuciones, el estado deberá entrega recurso que compensen las pérdidas.
En su estudio de Razmilic, ratifica lo expresado por la alcaldesa, incluso pone como ejemplo que con la exención que se les entregó a los adultos mayores, el estado debió compensar la menor recaudación a través de aportes a través de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).
Esto significa que el estado deberá generar nuevos impuestos para compensar los que se pierdan por no cobrar el impuesto, los que inevitablemente deberá pagar la clase media.
La alcaldesa explicó que el tema tributario, sobre todo el que afecta a los municipios, hay que tomárselos con seriedad y que cualquier cambio en la forma de financiamiento debería hacerse en el Congreso y a través de la ley de rentas municipales.
“Este es un tema que es claramente legislativo, que se debe discutir en el parlamento, que además se debe discutir con datos sobre la mesa, con técnicos que conocen de estos temas y que conocen la estructura del financiamiento municipal”, comentó
Raznic planteo que para aliviar la carga tributaria de las personas que sufren problemas económicos, eventualmente podrían entregar un subsidio directo o segmentado específicos a la población que por alguna razón tenga dificultades económicas para pagar los tributos, que pueden ser por desempleo, enfermedad, etc., pero que en todo caso se debería mejor la recaudación del impuesto ya que eso beneficiaría a los municipios, los cuales podrían entregar mejores servicios a las personas que viven en ellos.
