La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de CCU por no cumplir un avenimiento alcanzado en 2008 que regulaba su relación con los establecimientos comerciales que venden cerveza para ser consumida en su interior.
Según la nueva acusación de la Fiscalía, al menos desde el año 2019 CCU incumplió el acuerdo suscrito con la autoridad, ejecutando actos que generaron exclusividades de venta y restringieron la venta y/o exhibición de cerveza de terceros. En su escrito, que cuenta con 33 páginas, la Fiscalía solicitó al tribunal aplicar una multa de 6.700 UTA ($5.081 millones).
“Al igual que en los casos de las acciones ejercidas precedentemente por esta Fiscalía en contra de CCU durante los años 2008 y 2013, el presente Requerimiento tiene por objeto no sólo que se sancione a la Requerida por haber infringido el DL 211, sino que también resguardar la libre competencia en la comercialización de cervezas, particularmente en el canal de consumo inmediato compuesto principalmente por bares, pubs y restaurantes, por medio de las medidas solicitadas y en el ejercicio de las atribuciones que el legislador le ha conferido a la FNE para velar permanentemente por la libre competencia en los mercados”, describió la FNE en la presentación.
«Los hallazgos de la FNE en el marco de la investigación dan cuenta que los contratos y acuerdos comerciales suscritos entre CCU y sus clientes del canal on trade´han sido utilizados -en los términos que se explicarán en este apartado- para generar los efectos anticompetitivos que el Avenimiento perseguía evitar. Lo anterior, aun cuando estos documentos formalmente se ajustan, en su tenor y redacción, a los términos autorizados por el Avenimiento, habiendo implementado la Requerida mecanismos informales que le permitieron ejecutar la conducta acusada y constitutiva de incumplimiento», agregó.
Asimismo, «esta Fiscalía logró constatar que, aunque en los contratos suscritos se declara en términos formales la libertad que tendrían los establecimientos para vender cualquier marca de cerveza, lo cierto es que en los hechos dicha libertad ha sido coartada y delimitada como consecuencia de los actos ejecutados por la Requerida (CCU)», agregó.
Ello, añadió, «mediante acuerdos verbales, exigencias o condicionamientos a los establecimientos, por fuera de los instrumentos formales referidos, en contravención a las obligaciones contenidas en el Avenimiento, generando de facto exclusividades de venta o restricciones en la venta y/o exhibición de cerveza de terceros».
