El contralor Jorge Bermúdez determinó congelar la toma de razón de todos los convenios en el país tras los casos que estallaron en los denominados “Caso Convenios”.
PRIMER ESTADO DE AVANCE
Ya ha transcurrido, entre la vorágine de denuncias, un mes desde que el Contralor dijo pare, a los convenios. De los hasta ahora, 34 casos analizados, 29 no cumplían los estándares legales para realizarse. La situación más grave se detectó en el GORE de Los Lagos.
El pasado 29 de junio el contralor Jorge Bermúdez instruyó: “paralizar la tramitación de toma de razón, recabar más antecedentes que puedan existir y luego poder, si corresponde, tomar razón”, hoy, existe un primer estado de avance, y preocupa, pues sus resultados son demoledores para quienes están a cargo de administrar los recursos públicos.
En este proceso Contraloría tiene que revisar si corresponde o no el traspaso de fondos, a través de la “toma de razón” de los acuerdos. Es decir, interviene para establecer si cumplen o no los estándares legales dentro de la administración pública. Dada la cantidad de denuncias que comenzaban a surgir, la Contraloría decidió paralizar estos trámites y revisar su legalidad.
DE 34 REVISADOS 29 OBJETADOS
29 fueron objetados o declarados ilegales, derechamente. Entre las materias objetadas, se reiteran las de fundaciones que presentan giros “demasiados amplios” para ejercer y recibir transferencias desde el Estado. Por ejemplo, explican en el ente contralor, hay algunas ONG que dicen dedicarse a “ayudar al prójimo”, lo que podría implicar cumplir labores desde entregar canastas familiares hasta la edificación de casas.
Igualmente, se objetó por la “falta de claridad de los ítems de gastos”, la falta de distinción entre la vigencia de los acuerdos y aquel previsto para la ejecución de las actividades y la “inexistencia del registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos”.
Las consecuencias de declarar la «ilegalidad del convenio» implica que este se anula, y si las partes quieren volver a celebrarlo deben iniciar otro proceso de toma de razón, independiente si luego se decide abrir un sumario.
LOS LAGOS EN LA MIRA
Desde el caso Democracia Viva, has ahora el Ministerio Público abrió nueve investigaciones entre Antofagasta y Los Lagos. En esta última región, se allanaron las dependencias de la gobernación regional, liderada por Patricio Vallespín (Independiente).
Contraloría detectó justamente en esta GORE, las principales irregularidades y graves hechos que dieron paso a la apertura de un sumario.
Entre las transferencias declaradas ilegales por Contraloría figuran los $ 1.200 millones que el GORE de Los Lagos entregó a la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün. Mismo caso ocurre con tres transferencias realizadas a la Fundación Chinquihue por un total de $ 2.061.000.000. Todos estos convenios son los que indaga la Fiscalía.
22 DE 29 CONVENIOS OBJETADOS SON DE LOS LAGOS
Además, también fue “representado” el acuerdo entre el GORE y la Fundación Participa, para quienes aprobaron una transferencia de $ 1.020 millones. Esta ONG es dirigida por el excandidato a concejal por el PPD y PRO Daniel Ibáñez, y también es parte de la indagatoria que lleva el Ministerio Público, según informa La Tercera.
Las transferencias de fondos en Los Lagos abrieron la sospecha en Contraloría, pues de los 29 convenios declarados ilegales en todo Chile, 22 tienen su origen en la repartición que lidera Vallespín.
Además, el caso que generó una mayor aprensión de los fiscalizadores fue cuando detectaron de que pese a que un convenio fue declarado ilegal -previo a la revisión hecha por Contraloría-, igualmente se entregaron más de $ 667 millones a la “Corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo”.
SUMARIO
En este caso el organismo liderado por Bermúdez determinó abrir un sumario en el GORE de Los Lagos, a fin de establecer las responsabilidades administrativas que correspondan, principalmente por materializar la entrega de fondos públicos pese a la declaración de “ilegalidad”.
Esto último es catalogado como un hecho grave dentro del ente contralor, por lo mismo, no descartan remitir todos estos antecedentes al Ministerio Público para que sean incorporados en la investigación que ya lleva la Fiscalía.
Hasta el momento, solo en un caso se tomó razón, pero “con alcance”. Esto quiere decir que se declaró legal, pero de igual manera se hicieron algunos alcances que podrían haber sido especificados de mejor manera.
UN TERCIO DE LOS CONVENIOS HAN SIDO IMPUGNADOS
El resto de los convenios están bajo el rotulo de “retirados”, es decir, al momento de ser anunciada la suspensión de la toma de razón, los organismos renunciaron al proceso de legalidad para, eventualmente, hacerles ajustes y volver a ingresarlos, o bien, derechamente, no volver a presentarlos. Hasta el momento, no han vuelto a ingresar.
Este no es el final de la revisión de Contraloría. En Teatinos 56 explican que si bien se anunció la paralización de 91 procesos de toma de razón, algunos fueron aprobados casi a los pocos días. Se trata de la transferencias de fondos a las fundaciones más reconocidas.
Lo que resta, ahora, será la revisión de poco más de 10 convenios que están bajo la lupa de los abogados de Contraloría, donde no descartan seguir encontrándose con millonarias “sorpresas” que involucran fondos fiscales.
