El ministro de Vivienda, Carlos Montes, expuso hoy ante la comisión del Senado sobre el Caso Convenios y lo que está ocurriendo en la cartera que encabeza respecto a las transferencias de recursos entre el Minvu y distintas organizaciones. Mañana deberá asistir a la misma instancia en la Cámara de Diputados, y a una sesión especial en la sala de la Cámara Alta.
Al respecto, detalló que la información recopilada tanto en el caso de la Región de Antofagasta con la fundación Democracia Viva fue entregada al Ministerio Público y lo mismo se hará en el caso de el Maule con Urbanismo Social. Asimismo, reconoció que «no tenemos la información de si esta práctica es extendida».
En todo caso, especificó que la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera “dejó totalmente programado el 2022” y en ese sentido afirmó: “Todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior”.
Explicó que los primeros traspasos a través de convenios ocurrieron durante el gobierno anterior: «la norma se dictó en 2015, mientras que la primera vez que se aplicó fue en 2019».
«Fue en un proyecto ligado al padre Berríos», detalló, y «de ahí en adelante se transfirió la misma delegación de facultades a los seremis de todo Chile».
«A partir de eso, fueron los seremi quienes tenían la facultad de implementar los convenios entre distintos Serviu y entes privados y públicos», complementó.
“Se establece un marco de objetivos y prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos Serviu. Y en el caso del 2022, para esta institución que está en cuestión que es Democracia Viva, no aparecía como tal, aparecía el proyecto y el monto del proyecto. ¿Cuándo empieza el actual gobierno a dar delegación? Recién el primero de enero de 2023 y esto solamente se ha traducido en dos proyectos”, sentenció.
«El Gobierno que llega hace adaptaciones en el marco de lo que allí había», subrayó.
Montes remarcó que «el 2023 recién estamos pagando lo que viene de arrastre y con solo dos proyectos nuevos. Aquí hemos tratado de no transformar el problema entre buenos y malos o entre los de ante y los de después».
RECURSOS DEL ESTADO
El ministro partió su exposición explicando que existen instituciones privadas, como fundaciones o corporaciones, que no han realizado sus respectivas rendiciones ante el Estado por la entrega de recursos para efectuar programas relacionados con materias del rubro.
Montes comentó que los recursos directos que tiene la cartera para aspectos que no consideren vivienda son de $44 mil millones anuales, lo que significa el 1% del presupuesto de la secretaría de Estado.
“Esto se distribuye por regiones de acuerdo con programas y cantidades de familias en situación de campamento”, indicó. Ahora, “¿cómo se distribuye el total de los fondos que hay? Del total de los fondos de campamentos hay un 30% del total que se dedica a las fundaciones y corporaciones, y un 70% va a municipios y Serviu”.
En ese sentido, el ministro especificó que “en el caso de los recursos entregados a municipios, uno de los problemas es la rendición de los municipios. Ahí tenemos un gran porcentaje de los recursos que están no rendidos o con atraso rendido”.
“¿Cómo se distribuye entre las fundaciones los recursos que suman entre el año 2019 y el año 2023 $23.382 millones?”, continuó. “La institución que más recibe recursos públicos es el FOSIS -que para estos efectos opera como una entidad privada- con $4.059 millones, después viene TECHO, en tercer lugar está Enlace Urbano -una ONG-, en cuarto lugar está Enred y en quinto lugar está Urbanismo Social. Urbanismo Social, dado que es parte de la polémica, recibe $1.741 millones”, reveló.
El ministro Montes fue enfático en informar que la rendición de los recursos de parte de las instituciones privadas o fundaciones y corporaciones ha tenido diferentes dificultades: “O sea, una cosa es cuánto rinden: tienen saldo por rendir varias, algunas no han rendido nada, o sea, están atrasadísimas; otras han rendido todo -Tomarte, por ejemplo, ha rendido todo-. En fin, hay distintas situaciones de rendimiento”.
Sin embargo, mencionó, “en general, a la conclusión a la que hemos llegado es que se aplicó lo que había para los municipios a las instituciones, hay una inercia, se mantiene un cierto patrón de comportamiento con lo que antes se aplicaba con los municipios, que ellos no tienen que tener garantías y los privados decían que se llega a la misma modalidad. Esto nos parece bastante preocupante y estamos particularmente investigándolo”.
De acuerdo con lo recopilado por el ministerio, “la queja en general de estas instituciones es que ellos rinden mensualmente como la ley los obliga y de ahí tienen dos revisiones: una revisión técnica que hace el Serviu y una revisión financiera que hace la Seremi junto con el Serviu. Entonces, en varios de los casos, ellos dicen que la revisión Serviu está hecha, pero no está hecha la revisión financiera. Tiene altos de programas que no están con toda la revisión”, explicó el ministro.
“¿Cuánto es realmente lo no rendido? En cada caso tenemos que verlo”, añadió.
EL CASO DEMOCRACIA VIVA
En el caso específico de Democracia Viva, especificó el ministro, «lo que está rendido y aprobado es 3% hasta la última fecha que nosotros tenemos. Pero lo que está rendido y en proceso, ellos dicen que en el caso de uno de los proyectos -que es el proyecto Irarrázaval- ya van en 30%, o sea, cerca de $60 millones y en el caso de otra ellos tienen un 20%. O sea, en total ellos tienen una rendición más o menos de un tercio del total, pero no totalmente proceso y aprobado”.
Al respecto, Montes dijo que hasta la actualidad las objeciones tienen más un carácter financiero “por distintas cuestiones que están en proceso de discutir y corregir”.
“Respecto a este proyecto y su desarrollo físico, yo estuve allá, vi las obras sanitarias, vi la obra de aguas, de iluminación. Estos las tienen, en un estado en proceso, no totalmente desarrollado, por lo tanto, la calidad a ellos se les ha pedido que tenga mayores antecedentes”, continuó.
Montes dijo que, a su juicio, “la parte de iluminación era muy inferior a los campamentos que había en otros lados. La parte de agua, sanitaria y de incendio son la misma, porque estos son kits estándar”.
El ministro indicó que toda la información recopilada en los distintos casos ha sido entregada al Ministerio Público.
RESPETO AL PRESIDENTE
Respecto de las críticas de los senadores respecto de la «superioridad moral» de las autoridades del Frente Amplio, apuntando al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas e incluso al Presidente de la República, Gabriel Boric, Montes enfatizó que el Mandatario «tiene un gran valor moral y político, deberíamos sentir orgullo».
«Uno puede no estar de acuerdo, pero es una nueva generación que ha demostrado sus condiciones. Encuentro lamentable que se refiera así al Presidente (le dijo a la senadora María José Gatica). El Presidente es es el Presidente de la República y nos representa a todos nosotros, tenemos que respetar al Presidente», recalcó.
