Acusando “un grave retroceso en el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos de las personas que habitan este país” y a través de una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, 53 organizaciones solicitaron el veto presidencial respecto de la ley de usurpaciones.
Las entidades -en su mayoría defensoras de los Derechos Humanos- consignaron los efectos negativos que podría traer la promulgación de esta ley, como aplicar el ejercicio de la autotutela por parte de propietarios de inmuebles, la criminalización de sectores más empobrecidos de este país y la criminalización de las reivindicaciones de tierras por parte de pueblos originarios, entre otros, informó radio Bío Bío.
Recientemente, el Senado despachó el proyecto que sanciona ocupaciones ilegales, a lo que el Gobierno respondió que vetará la iniciativa porque “transgrede principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico que prohíbe la violencia entre particulares para resolver los conflictos jurídicos”.
