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Familiares de DD.DD. respaldan despido de Isabel Amor

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Familiares de DD.DD. respaldan despido de Isabel Amor
«No es posible mantener en el cargo a una funcionaria pública que relativice las violaciones a los DDHH cometidas por la dictadura cívico militar”, argumentaron.

La Coordinación Nacional de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) acusó a Isabel Amor, socióloga y exdirectora de SernamEG en Los Ríos, de «blanquear la imagen de un perpetrador condenado por los tribunales de justicia por torturas”.

Se referían a la entrevista que dio la profesional a El Mercurio, donde fue consultada por la condena de su padre en el delito de secuestro calificado en 1973 de Luis Alberto Corvalán Castillo, hijo de Luis Corvalán Lepe, histórico líder del PC durante la UP.

Fue por esa publicación que a Amor la despidieron apenas dos días después de asumir el cargo y que se levantó la batahola respecto de las causas que llevaron al cese de sus funciones en el organismo gubernamental.

«NO ES CAPAZ DE CONDENARLOS»

A través de sus redes sociales la Coordinación Nacional de AFDD expresó que “previamente en el ejercicio de su cargo como Directora Regional del INDH (el anterior trabajo de Amor), las agrupaciones de familiares se enteran de la condena de su padre, omitiendo una información de suma importancia y sin posteriormente reparar la situación para recuperar sus confianzas, haciéndolo como representante de una institución que promueve y protege los DD.HH.”.

Respecto de la entrevista en El Mercurio aseveraron que “la utiliza para blanquear la imagen de un perpetrador condenado por los tribunales de justicia por torturas, dando voz a través de ella a quienes niegan su participación en crímenes de lesa humanidad».

«En ningún momento es capaz de condenarlos, anteponiendo su relación familiar antes que los estándares mínimos de una funcionaria pública”, reprocharon.

ALTO ESTÁNDAR

Asimismo, recalcaron que es importante que las personas que ejerzan cargos públicos vinculados a la protección de los Derechos Humanos “cumplan el más alto estándar moral y ético en su rol de garante como representantes del Estado”.

Por lo mismo, recalcaron «no es posible mantener en el cargo a una funcionaria pública que relativice las violaciones a los DDHH cometidas por la dictadura cívico militar”.

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