El complejo panorama en la nominación de supremos.
El Presidente Gabriel Boric, fijó un plazo de un mes al Senado para que se pronuncie sobre tres nominaciones a la Corte Suprema.
Las juezas Jéssica González y Mireya López fueron propuestas para ministras del máximo tribunal. Mientras que el juez Jorge Pizarro fue postulado al cargo de fiscal judicial de la misma Suprema.
Desde el 13 de agosto comienza el plazo de 30 días para que la Cámara Alta se pronuncie, de lo contrario los nombramientos presidenciales quedarán automáticamente aprobados.
La urgencia
El gobierno tiene motivos para la urgencia, ya que este sábado se cumplen seiscientos sesenta y dos días desde que el exministro de la Suprema Guillermo Silva dejó el Poder Judicial. Esto, porque cumplió 75 años, en noviembre de 2022.
Desde entonces, las vacantes en el máximo tribunal han aumentado por la jubilación de magistrados.
Hoy la Suprema funciona con tres ministros menos y sin su fiscal judicial titular, Lya Cabello, que también dejó el cargo por límite de edad.
Además del cupo de Silva -por el que se presenta por segunda vez la jueza González-, están las vacantes de los exministros Haroldo Brito, que aspira a ser llenado por la magistrada López, y de Jorge Dahm, pero aún no inicia el proceso para llenar su puesto.
La Comisión de Constitución del Senado, debido a esta presión, ya convocó a las audiencias de los aspirantes a la Suprema para el lunes 2 de septiembre. El bjetivo es que la sala vote el 10 de septiembre.
El problema es que este proceso se ha visto ensuciado por el Caso Hermosilla.
Matus
El ministro Jean Pierre Matus, fue uno de los involucrados. En el celular incautado a Hermosilla se encontraron conversaciones con Matus, que abrieron dudas sobre eventuales gestiones para ayudarlo a ser nominado a la Suprema.
Ayer, el medio Interferencia, dio a conocer que ambos hablaron cuatro días después de su nominación. En ese contacto Matus le dio las gracias al abogado. “Hola. Entre tanta felicitación se me había olvidado darte las gracias por todo. Pero nunca es tarde ¡Muchas gracias y un abrazo!”, le escribió el 2 de octubre de 2021.
Días antes Matus dijo que no había hecho nada impropio y reveló que cuando postulaba a la Suprema también habló con algunos senadores, entre ellos, el actual ministro Álvaro Elizalde (Segpres), quien se vio obligado a salir a descartar una irregularidad.
A pesar del ambiente, el gobierno tomó la decisión de avanzar, dar “señales de normalidad” y mostrar que las instituciones siguen funcionando pese a la crisis. El objetivo es inyectar renovación y nuevos aires a la Suprema.
De igual forma, los ministros del Ejecutivo y senadores saben que este proceso de nominaciones será complejo.
“Lo haremos con transparencia»
Los integrantes de la Comisión de Constitución saben que sobre ellos habrá una lupa especial. Aunque algunos, hace tiempo tomaron la decisión de no aceptar reuniones ni tener conversaciones telefónicas con postulantes, que no son ilegales, mientras se transparenten.
Pero para evitarse problemas, algunos senadores prefieren pedir referencias indirectas y limitarse a las audiencias públicas, como las que se realizarán este lunes.
“Lo haremos con transparencia, publicidad, si se puede en el salón del ex Senado en Santiago y habrá un expediente abierto para hacer llegar opiniones”, dijo el presidente de la Comisión de Constitución, Alfonso de Urresti (PS).
Sin embargo, los problemas no terminan allí. Desde la derecha admiten que siguen teniendo reparos con el nombre de la jueza González, a la que se le asocia un perfil de izquierda.
Ella ha tenido casos de alta exposición, como Corpesca, el de abusos sexuales de parte del fallecido sacerdote Fernando Karadima y ahora el que enfrenta el exalcalde Daniel Jadue (PC).
En este último expediente, González fue parte de la unanimidad de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la prisión preventiva del exjefe comunal, lo que, a juicio del gobierno, es una muestra de su imparcialidad política. Para los senadores de oposición ello no es suficiente.
El problema es que si la derecha no da sus votos a González, se cae todo el paquete de nombramientos, ya que cada postulante debe contar con 33 apoyos en el Senado.
Acusación Constitucional
Desde la Cámara de Diputadas y Diputados se está barajando la idea de una acusación constitucional contra supremos que han sido involucrados en el caso Hermosilla. Además de Matus, en la mira de diputados oficialistas está la ministra Ángela Vivanco.
La ofensiva ha sido conversada en las bancadas del Frente Amplio, del PS, del grupo PPD-Independientes.
En la bancada UDI también tienen en la mira a otro ministro de la Suprema, Sergio Muñoz, por la presunta filtración a su hija, la jueza Graciela Muñoz, de un fallo que incidía en la compra de departamentos.
Pero, en la derecha, después de una seguidilla de fracasos por libelos contra ministros de Estado y censuras a la mesa de la Cámara, no quieren dar un nuevo paso en falso. Por lo que, se sumarían a la ofensiva contra magistrados en la medida en que el oficialismo muestre sus cartas.
