A principio de año el Presidente Gabriel Boric había presentado una indicación para impedir que la parentela de un conjunto de autoridades pudiera ser designada en funciones de notario archiveros y conservadores.
La inhabilidad, en esa indicación del Ejecutivo apuntaba a “quien se encuentre ligado por matrimonio, por acuerdo de unión civil, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, por afinidad hasta el segundo grado, o por adopción, al Presidente de la República, a los ministros de Estado, a los subsecretarios, a los gobernadores regionales, a los senadores, a los diputados, al fiscal nacional del Ministerio Público, al contralor general de la República, a los ministros del Tribunal Constitucional, a los funcionarios del Escalafón Primario del Poder Judicial o a los abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia”.
“Esta inhabilidad se extenderá hasta por un plazo de tres años contados desde el cese efectivo de la respectiva autoridad en su cargo”, decía la propuesta del gobierno.
EL NEPOTISMO
El 52% de los notarios de la RM tiene lazos con el mundo notarial, político o judicial
Maridos, esposas, hijos, nietos, primos, tíos y sobrinos comparten la lucrativa actividad que se busca reformar en el Parlamento.
Un difícil y áspero camino es el que ha tenido en estos seis años el proyecto de ley que modifica el sistema de notarios, conservadores y archiveros.
La iniciativa busca abordar la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de esos auxiliares de la justicia (que ahora son facultad de las Cortes de Apelaciones) e introducir criterios objetivos en el proceso de selección.
Todo ello con el fin de aminorar las continuas críticas sobre nepotismo e influencia política al momento de las designaciones, así como los reproches públicos por los sueldos millonarios que mueven estos “oficios”, que en la práctica son empresas rentables, tipo pymes dado que suelen trabajar parientes de los notarios en ellas.
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Una revisión que hizo La Segunda a las relaciones parentales de los 114 notarios titulares de la Región Metropolitana deja en evidencia que el 52% tienen nexos con el mundo político, judicial o provienen de familias ligadas al oficio notarial y registral.
La cifra no es menor, y muestra que pese a los nuevos nombramientos de notarios, conservadores y archiveros se mantiene la tendencia. Una de las últimas designaciones fue María Elena Leiva Carvajal, hermana del notario Francisco Leiva y del diputado Raúl Leiva y con otros parientes ligados a la actividad, quien fue designada en noviembre del año pasado como titular de la Primera Notaría de San Miguel con asiento en la comuna de Lo Espejo.
Las sospechas en torno a esta labor se incrementaron tras conocerse los chats del exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago y de Copiapó, Juan Antonio Poblete (imputado en el caso Topógrafo), en donde ex y actuales integrantes de la Corte Suprema le solicitaban su intervención para favorecer a uno u otro candidato a notario.
LA REFORMA
La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado sesionó este lunes en la sede del Congreso en Santiago para analizar la iniciativa que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales.
En la instancia, la senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Luz Ebensperger pidió revisar un artículo que ya se había dado por acordado y que desechaba la inhabilidad de la parentela parlamentaria para acceder a cargos en notarías.
Dicho proyecto de reforma también intenta terminar con los cargos vitalicios tal como originalmente se planteó en una ley de 1995, que terminó aplicando límite de edad (75 años) para los nuevos nombramientos, pero dejó el privilegio de vitalicios a un grupo del que todavía quedan 93 personas (que habían ingresado al sistema antes de mayo de 1995).
La lupa en las conexiones familiares
La Segunda revisó las relaciones parentales de los 114 notarios titulares de la Región Metropolitana. Cifra que representa el 77% de las 149 notarías que hay bajo la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel. En otras 23 hay interinos y en 11 —creadas en 2017— aún no hay nombramientos.
La revisión concluyó con que 59 de los 114 notarios y conservadores titulares tienen algún nexo con el mundo político, judicial o notarial. Es decir, el 52%.
De este grupo, 27 (24% del total) tienen relación familiar con otros notarios y conservadores. Y otros 32, corresponden a parientes de miembros del Poder Judicial y del Congreso Nacional.
En el caso de los hermanos Francisco y María Elena Leiva incluimos su nexo con Raúl Leiva, diputado PS. Asimismo, a Francisco Leiva adjuntamos a los notarios Gino Beneventi y Roberto Puga, porque fueron en varias oportunidades “notarios suplentes”, lo que implica alto grado de confianza entre ellos. Y porque si bien el nombramiento lo hace un juez —y siempre que la ausencia no se trate de medidas disciplinarias del notario— el titular podrá proponer al abogado que deba reemplazarlo, según el artículo 402 del Código Orgánico de Tribunales.
También aparece la familia de Luis Maldonado, uno de los tres conservadores de Santiago, que es hijo del expresidente de la Suprema Luis Maldonado Boggiano, y hermano de la exfiscal del máximo tribunal Mónica Maldonado.
