La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja despachó este lunes a la Sala el polémico proyecto de ley que sanciona con cárcel la usurpación de propiedades. Desde el oficialismo, advierten que la iniciativa puede permitir la autotutela, por lo que es necesario realizar cambios.
La iniciativa, que combina la legítima defensa con la flagrancia permanente, ha sido fuertemente criticado por el oficialismo, que acusa que con esto se permitiría, supuestamente, la autotutela, es decir, las personas dueñas o que se sientan dueñas de un predio tomado puedan -en forma armada- tratar de recuperarlo.
El proyecto establece una sanción de tres años de presidio por usurpaciones no violentas y cinco años de usurpaciones que sean violentas.
Desde la oposición, en particular Renovación Nacional (RN) y la UDI, aseguraron que avanzar con esta propuesta «es lo menos que podemos hacer» para volver a imponer el Estado de derecho y así terminar con las tomas y las usurpaciones, especialmente por lo que ocurre en la Región de La Araucanía.
Por su parte, el diputado de esa región Andrés Jouannet (Amarrillos) afirmó que con esto no se van a producir enfrentamientos entre civiles, sino «entre civiles y delincuentes cuando el Estado llegó atrasado».
De todos modos, en el oficialismo esperan que en la Sala o en un posible tercer trámite en el Senado, se aplique el criterio de modificar este proyecto para que -advierten- no se transforme en el establecimiento por ley de la autotutela.
