Una vez que la Contraloría declara ilegales los convenios con fundaciones por $13 mil millones, el cronómetro juega en contra del gobierno. Lo que importa es con cuánta rapidez responde a una evaluación suficiente para tomar decisiones.
La investigación administrativa puede continuar su curso, pero esto tiene un ritmo mucho más lento del que se necesita para reaccionar en política.
La diferencia es que el gobierno queda expuesto a una crítica externa e interna de gran magnitud que puede dejarlo aislado ante la reprobación ciudadana, el juicio negativo de la coalición oficialista y el fuego a discreción de la derecha.
El modo de reaccionar puede ser muy diverso y tener distintas consecuencias. Ninguna de las estrategias posibles de asumir parte de otro modo que no sea el total repudio de lo que ha pasado y la condena de los autores a las penas del infierno, si es que el propio oficialismo quiere escapar de las llamas.
Cuando se tiene una cartera de acreedores, lo que hay que escoger es el orden en que son atendidas sus demandas. Una mala estrategia pone por delante el responder a las críticas de la oposición. Eso sería llenar un pozo sin fondo.
El gobierno ha quedado muy expuesto al juicio negativo de cualquiera. En un ambiente enrarecido, se le atribuye responsabilidad incluso cuando no corresponde, como en el caso de las faltas de los gobiernos regionales.
De modo que intentar calmar a la oposición, como primera prioridad, no tiene sentido. La derecha esta tranquilamente instalada, apuntando a derribar ministros como a patos de feria y quieren volver con trofeos a su casa.
Concentrarse en aglutinar a sus conglomerados es más sensato, pero tampoco da en el clavo. Esta administración no cuenta con una base de apoyo cohesionada y las deserciones a la primera gran dificultad se producirán igual.
La izquierda ha perdido densidad, como le ocurre a casi todos los sectores políticos. Si en la UP se pudo ver el cartel de un obrero que decía “este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno”, ahora se encontrará con unos cuantos dirigentes que saldrían a la calle, si pudieran, con un cartel que rezara “este es un gobierno corrupto y no es mi gobierno”. ¡Y anda tu a decirles algo!
Lo que más importa es lo que opine la gente común y corriente. Y el Ejecutivo tiene razón al endurecer su discurso. El mensaje simple de la no contemplación ante las faltas graves es lo único que se puede entender sin dificultad.
El encargado de implementar esta estrategia ha sido el ministro de Justicia, Luis Cordero, elección justificada porque se trata de un ministro solvente, preparado e inteligente, opinión que, se nota, él mismo comparte. Es solo que debe tener cuidado porque también se nota que le encantan las cámaras.
Se trata de salvar al gobierno, no solo a algunos en la primera línea, para lograr la suficiente cohesión interna y una defensa acorde. Las declaraciones de Cordero no dejan claro este objetivo, como cuando dice que hay autoridades que necesitaban de una capacitación básica cuando llegan por primera vez, o que algunos no tienen conciencia de lo que significa ser autoridad pública, lo que vale de ministros para abajo. ¿Cuánto tiempo falta para que le pregunten a quién se le ocurrió nombrar a esa tropa de ineptos e inmaduros? Exagero, claro.
