La Contraloría General de la República, ordenó invalidar el contrato —vía trato directo— por SIO millones que en febrero realizó el municipio de Las Condes con Francisco Guzmán Lavín, sobrino del exalcalde Joaquín Lavín.
Además, le ordenó a la alcaldesa Daniela Peñaloza, instruir una investigación por las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse del hecho.
La resolución responde a la denuncia que realizó la Fundación América Transparente —que además presentó el caso a Chilecompra—, señalando que el mecanismo de trato directo se utilizó para no pasar por el concejo municipal ni hacer una licitación.
para la Contraloría, el municipio «deberá iniciar un procedimiento invalidatorio conforme con Io previsto del artículo 53, de la ley 19.880 y ponderar la necesidad de instruir un proceso disciplinario con objeto de investigar las eventuales responsabilidades administrativas.
