Trabajó por casi 18 años en la Fiscalía. Hoy, en tanto, está siendo investigado por manejar causas judiciales para favorecer a empresarios, políticos y amigos. Esta es la realidad del exfiscal Manuel Guerra, donde ahora se le suma una nueva polémica: fue contratado por municipios horas después de su salida del Ministerio Público.
En la actualidad, el exfiscal está siendo cuestionado por poner en duda el rol del Ministerio Público en causas de corrupción.
«Hola Manuel, hay que hablar con Andrés para darle una salida al Caso Penta». «Hola Lucho. Te mando un abrazo fraterno, mi solidaridad y mi amistad siempre. Para lo que sea de ayuda cuenta conmigo siempre». Son solo algunos de los chats donde se muestra la complicidad entre el ‘poderoso’ abogado Luis Hermosilla y Manuel Guerra.
De acuerdo a señalado por el fiscal Mario Carrera, encargado de liderar la investigación del exfical, «la información que se me entregó es que dos personas, que se comunican abiertamente –casi diariamente–, desde el 2016 hasta la fecha. Hay millones de comunicaciones referida a múltiples causas».
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Asimismo, al ser consultado sobre los posibles cargos, menciona que «podríamos tener cohecho, revelación de secretos, porque recordemos que uno no puede comentar o dar antecedentes de las investigaciones de la Fiscalía a terceros que no sean intervinientes».
Sus trabajos en los municipios
Sin embargo, su vínculo con ‘Lucho’ Hermosilla o el manejo de causas judiciales no es el único problema. También es objeto de investigación los trabajos que tuvo después de su salida del Ministerio Público, más específicamente, el vínculo del exfiscal Guerra con municipios.
Información revelada por la concejala por Las Condes, Isidora Alcalde, da cuenta que a «Manuel Guerra se le contra al día siguiente de renunciar al Ministerio Público, en la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO)».
Además, informa que se le pagaron cinco meses, aún cuando solo trabajó un mes. «Entonces, hay un evidente conflicto de interés y él termina renunciando. ¿Cuál es el problema? Que a él se le paga la totalidad del contrato». Manifiesta la concejala.
De acuerdo a lo informado a su página web, AMSZO es una organización que trabaja, con las municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, para «fomentar la cooperación entre los municipios en temas de seguridad pública».
Ahora bien, no es el único contrato cuestionado. Al día siguiente de su salida, fue asignada una asesoría por Guerra al Municipio de Providencia en temas de ‘Probidad’, donde habría recibido más de $11 millones por sus trabajos.
Y, finalmente, la concejala Isidora Alcalde, también asevera que Manuel Guerra entra a trabajar a la Universidad San Sebastián «al día siguiente de salir» de la Fiscalía.
En este marco, la exabogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, cuestiona que «todo empieza a calzar. Aunque, aún queda por descubrir que pieza o papel cumplía Andrés Chadwick en todo esto, que por lo demás, era decano de la facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, donde fue a trabajar Guerra. Y, donde, también trabajaba Ángela Vivanco».
Requerimiento a la Contraloría
Ante toda esta investigación, los diputados Daniella Cicardini, Daniel Manouchehri y Leonardo Soto, anunciaron el ingreso de un requerimiento a la Contraloría General de la República para que se investiguen los contratos del exfiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, con la AMSZO y las Municipalidades de Providencia, La Florida, Las Condes y Lo Barnechea.
“El objetivo de este requerimiento tiene que ver con que se haga una fiscalización rigurosa por parte de la Contraloría por el buen uso de los recursos públicos, en este caso por los contratos que tenía el señor Guerra con distintas municipalidades». Comienza señalando la diputada Cicardini.
Agrega. «Si se cumplió el contrato, cómo se comprueba las labores que cumplía, los montos que tenía contratado y también si es que estas prestaciones están conforme a derecho. Creemos que acá se tiene que hacer una investigación a fondo, que acá prime la transparencia y quien es el que puede hacer rigurosamente esta investigación y fiscalización es la Contraloría”.
La solicitud pide revisar la contratación que tenía Guerra con la Municipalidad de Providencia desde el año 2021 al 2023, esto contempla, «las labores que cumplía el señor Guerra, si es que era verdad que cumplía labores en temas de probidad».
«Y, por último, la contratación que tenía la Municipalidad de la Florida en esta figura de Defensoría de la Gente, institución a la que renunció el señor Guerra hace pocos días atrás”. Finaliza.
