El pasado 16 de octubre, Sergio Muñoz, fue destituido como ministro de la Corte Suprema por presunta irregularidad en el caso inmobiliario que involucra a Fundamenta y a su hija, la jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago, Graciel Muñoz.
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A Muñoz, también se le imputó no dar cuenta que su hija, en el contexto de la pandemia por la emergencia sanitaria del COVID-19. Se encontraba realizando funciones por teletrabajo desde Italia, situación que no estaba permitida.
La aprobación de la acusación contra Muñoz significó su destitución del cargo. Junto con ello, no podrá desempeñar ninguna función pública -sea por elección popular o no- durante un período de cinco años.
RECURSO DE PROTECCIÓN
La abogada Ana María Watkins presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en favor de Sergio Muñoz, para dejar sin efecto la AC en su contra.
En el documento al que tuvo acceso CNN Chile, Watkins solicita a la Corte que “restablezca de inmediato el imperio del derecho, ordenándole a los recurridos dejar sin efecto la acusación constitucional colectiva en lo que respecta al señor Muñoz y todos los perniciosos efectos que de ella se derivan, debiendo retrotraerse las cosas al estado anterior a la acusación colectiva, con costas, todo de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expongo”.
El recurso fue interpuesto sin el conocimiento ni el consentimiento de Sergio Muñoz. La abogada argumentó que el libelo acusatorio se presentó simultáneamente contra Muñoz y contra Ángela Vivanco -quien también fue destituida-.
DOS PERSONAS EN UNA MISMA AC
Quedaron “dos personas distintas en una misma acusación por hechos diferentes ocurridos en tiempos diversos, sin conexión alguna entre ellos”, indica el escrito de 39 páginas.
En esa misma línea, enfatiza en que las acusaciones debieron hacerse “separadas para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, que constituyen derechos humanos fundamentales, por lo cual, la acusación colectiva constituye una discriminación arbitraria en perjuicio del juez Muñoz Gajardo”.
El recurso es presentado en contra de 99 diputadas y diputados, y en él se señala que la acusación colectiva interpuesta contra Muñoz “es arbitraria e ilegal, pues vulnera garantías constitucionales, expresamente garantizadas por esta acción constitucional, debiendo dejarse sin efecto la acusación constitucional y sus perniciosos efectos, debiendo retrotraerse las cosas al estado anterior a la presentación de la acusación constitucional ilegal, arbitraria e inconstitucional, con expresa condena en costas”.
