Todos sabemos que desde el año 2013 la municipalidad de Estación Central estuvo otorgando entre 70 y 80 permisos de edificación con agrupamiento continuo en un sector determinado que no contaba con un Plan Regulador, razón por la cual todos fueron declarados contrarios a derecho por la Contraloría General de la República, la que instruyó al director de obras en orden a que se paralizaran las faenas de los proyectos, se iniciaran sumarios administrativos y se invalidaran esos permisos, lo que no sucedió, por lo tanto hubo un abierto desacato, debido a que las resoluciones de la Contraloría son vinculantes.
Lo anterior sucedió mientras el alcalde era Rodrigo Delgado y en ese período a un subido porcentaje de los edificios se les otorgaron recepciones finales, razón por la cual ya están habitados, dejándose en claro que el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), mientras Paulina Saball ejercía el cargo, resolvió lo mismo que lo manifestado por el ente fiscalizador.
PREVARICACIÓN
Debemos tener presente que el 1,5% del monto presupuestado por la calidad de la construcción de cada proyecto, suma que se refleja en el formulario de cada permiso de edificación, el titular del mismo se lo traspasa al municipio bajo la figura de derechos por haberse tramitado y autorizado cada acto administrativo. Si cada permiso contempla una inversión aproximada de unos US$ 20 millones, sin considerar el precio del terreno, es cosa de hacer las operaciones aritméticas para obtener la cuantiosa suma de dinero que ingresó a la tesorería municipal por ese concepto. ¿Habrá influido lo anterior para que se otorgaran los permisos?
Pues bien, ante esa desobediencia municipal, 5 ciudadanos, uno de los cuales es quien firma esta columna de opinión, hace unos 30 meses, interpusimos una querella criminal por el delito de prevaricación administrativa en contra de 2 directores de obras de ese municipio, asunto que tiene en su poder la fiscal Giovanna Herrera de la Fiscalía Centro Norte, sin resultados concretos a la fecha, a pesar de que esas querellas se ratificaron oportunamente en la Policía de Investigaciones (PDI).
Cuando asumió el nuevo alcalde, Felipe Muñoz, la municipalidad resolvió no cursar nuevas recepciones finales a los edificios que ya están terminados de construir y él amplió la querella en contra de otros 2 funcionarios municipales. Por este asunto, en los últimos días algunos medios de prensa, entre otros, El Mostrador, Canal 13 y Megavisión, radio de la UCH, radio Pauta, han abordado esta conflictiva situación. Por tal motivo, es conveniente que se conozca el dictamen N° E357182 del 14 de junio de 2023, firmado por el propio contralor, Jorge Bermúdez, dirigido a mi persona, con copia al alcalde Muñoz, a la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y a los representantes de algunas inmobiliarias.
¿Qué dice ese dictamen?
Transcribo: «…………los permisos de edificación que en virtud del ejercicio de la aludida potestad invalidatoria o por el transcurso del tiempo no fueron dejados sin efecto por la dirección de obras municipales, habilitaron a sus titulares a la construcción de las obras proyectadas bajo el amparo de los mismos» El ente fiscalizador sostenía que su decisión era coherente con las exigencias descritas en los artículos 144 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y 5.2.5. de la respectiva Ordenanza y además con el criterio de su dictamen N° 31.636 del año 2001.
Según sabemos, actualmente hay unos 12 edificios terminados, con unos 7.000 departamentos que cuentan con promesas de compraventa, estructuras éstas que, por lo dicho, no disponen de las recepciones finales y por tal motivo, para que exista igualdad en el tratamiento municipal para todos los permisos ilegales, en nuestra opinión el municipio debería allanarse a otorgarlas, independientemente de lo que resuelva más adelante la fiscal Herrera, nuera del ministro de Vivienda Carlos Montes.
Los artículos 148 y 157 de la LGUC dicen que los alcaldes y Seremis de Vivienda y Urbanismo, respectivamente, tienen facultades para ordenar las demoliciones de las construcciones ilegales, incluso con la asistencia de los carabineros, pero era lógico que Delgado no ejerciera su rol por lo antes dicho, pero suponemos que ni Muñoz ni todos los Seremis que han ejercido ese cargo público no han asumido sus atribuciones por razones de fácil entendimiento, pues por los excesivos volúmenes de los edificios y abundante contaminación ambiental que se produciría, sería impracticable sus derribos. A esto hay que agregar que el costo de las demoliciones corre por cuenta de los inversionistas, los que se declararán en quiebra, De esta forma, una vez más, la institucionalidad chilena ha admitido la flagrante violación de esta ley.
ELEFANTES BLANCOS
Dado que el delito fue cometido por funcionarios municipales y no por actores privados, podríamos entender que la Contraloría llegó a la conclusión de que se debían cursar las recepciones finales de obras para todos los edificios que todavía no las tienen, más aún si la mayoría de ellos, mientras Delgado era alcalde, ya habían obtenido esas certificaciones municipales. Más de alguien se podría preguntar por qué ese exalcalde y ex ministro del Interior del gobierno de Piñera, admitió que sus subordinados, funcionarios públicos, actuaran con tal descaro. Estamos seguros de que la Justicia, con las investigaciones realizadas por la fiscal Herrera, en un tiempo más, emitirá una concluyente sentencia.
Conclusión: Si la municipalidad de Estación Central resuelve no cursar las recepciones finales para los edificios que hoy en día son elefantes blancos, sus inversionistas tendrán que ejercer acciones judiciales con imprevisibles resultados. El título de esta columna se justifica, pues si la mayoría de las torres habitacionales ilegales cuentan con la recepción municipal y por lo tanto sus decenas de miles de departamentos ya han sido vendidos en el mercado, es inentendible que se castigue solo a la minoría de las torres. Por ello debemos tener presente los aforismos «donde existe la misma razón, se aplica la misma disposición» y «la ley pareja no es dura».
Finalmente, estamos seguros de que, con la nueva ley que combate los delitos económicos y ambientales, ya visada por la Corte Suprema y por el Tribunal Constitucional, que se promulgará en estos días, este tipo se situaciones no se repetirá ya que los empresarios contarán con asesores más calificados en la aplicación de las normas de vivienda y urbanismo y los funcionarios municipales de todo el país serán responsables en el ejercicio de sus cargos.
