En la jornada de hoy el Gobierno promuló la ley de cumplimiento tributario, más conocida como la «ley antievasión», que tiene como objetivo reforzar la justicia fiscal en el país y combatir la evasión y elusión de impuestos.
Esta normativa forma parte del Pacto Fiscal impulsado por el Ejecutivo y busca aumentar los ingresos fiscales en un 1,5% del PIB, aproximadamente US$4.500 millones. Se espera que, en su primer año de implementación, durante 2025, la ley aporte alrededor de US$1.200 millones al presupuesto nacional.
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La ley introduce varias reformas clave para fortalecer la capacidad de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII), modernizar la administración tributaria y facilitar la formalización de pequeñas y medianas empresas (pymes).
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO
Entre las medidas destacadas se incluye el levantamiento del secreto bancario para casos de delitos tributarios, lo cual permitirá al SII acceder a información financiera con autorización judicial.
También se regula el uso de efectivo en transacciones superiores a 135 UF (alrededor de $5.1 millones), lo que busca evitar la informalidad en grandes movimientos de dinero.
Otro aspecto relevante de la ley es la introducción de un sistema de «denunciante anónimo», donde las personas que colaboran en la identificación de delitos tributarios podrán recibir recompensas, aunque perderán su anonimato si hacen pública la denuncia.
Además, se eliminan exenciones de IVA para importaciones menores a US$41, afectando a plataformas de comercio electrónico como Shein, Temu y Aliexpress.
La ley, que comenzará a aplicarse gradualmente desde noviembre de 2024, tiene componentes que se implementarán de forma completa a partir de 2025 y 2026.
La normativa busca financiar, entre otros objetivos, la reforma de pensiones y mejoras en la seguridad pública, incluyendo un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y recursos adicionales para fortalecer a las fuerzas de seguridad y reducir las listas de espera en los hospitales, entre otras iniciativas
DUDAS SOBRE LA RECAUDACIÓN
A pesar de los objetivos ambiciosos del Gobierno, existen dudas sobre si la recaudación esperada será alcanzada.
El Centro de Estudios Públicos (CEP) y otros analistas han señalado que las proyecciones oficiales podrían ser demasiado optimistas, ya que las estimaciones de evasión y elusión sobre las que se basa la normativa podrían estar infladas.
Además, factores como el breve período de un mes para acogerse a la repatriación de capitales podrían limitar la efectividad de algunas medidas claves.
En resumen, la ley antievasión busca crear un sistema tributario más equitativo en Chile y generar los recursos necesarios para financiar iniciativas sociales y de seguridad.
Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación efectiva de las nuevas medidas de fiscalización y de la respuesta de los contribuyentes a las nuevas normativas.
