Durante la tarde de este viernes, los ministerios de Hacienda y Trabajo se reunirán con 16 organizaciones de funcionarios del sector público para conversar sobre el reajuste salarial. Sin embargo, la oposición anticipó que rechazará el alza salarial que piden los trabajadores, lo que anticipa que la discusión no será sencilla.
El primer punto a debatir será la petición de reajuste salarial de 7,5% nominal, el cual incluye un 3% real, es decir, sobre la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024.
Lea también: «Confianza legítima»: Dictamen genera manifestaciones en el sector público
Pero el segundo gran tema y que el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, lo definió como “muy importante” es la estabilidad laboral de los trabajadores públicos.
Esto, tras el cambio de criterio que estableció la nueva Contralora Dorothy Pérez, quien en un dictamen estableció que aquellos trabajadores que quieran alegar confianza legítima ante despidos en la administración del Estado ya no podrán hacerlo en el ente contralor, sino que deberán realizarlo vía recurso de protección en las cortes de apelaciones.
La negociación por el reajuste salarial debe ingresar en a principios de diciembre a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para iniciar su tramitación en el Congreso.
DISCUSIÓN DEL REAJUSTE EN LA CÁMARA
Entre los diputados que conformar la comisión de Hacienda, hay distintas posiciones respecto de la cifra planteada por los trabajadores. Hay quienes están de acuerdo y hay quienes consideran que no es viable dado el escenario económico.
“Se ve complicado el hecho de que el gobierno pueda cumplir con esa demanda”, asegura Ricardo Cifuentes, diputado de la DC.
En tanto, el diputado Jaime Naranjo coincide con esa visión. Sostiene que “puede ser legítima la aspiración de los funcionarios públicos, pero parece poco razonable”.
A su vez, el diputado Miguel Mellado (RN) señala que “lo que ellos están pidiendo, no creo que calce hoy con lo que está viviendo el país”.
