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Manouchehri y Cicardini advierten: «Hermosilla está en prisión, pero su red sigue activa»

Por Jesús Martínez

Periodista

Hermosilla
FOTO: Diego Martin / Agencia UNO
Los diputados Manouchehri y Cicardini condenaron que se persigan a quienes revelaron los detalles del caso Hermosilla y expresaron su preocupación por eventuales atentados contra la libertad de prensa.

Los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (ambos PS) publicaron una columna de opinión refiriéndose a las repercusiones que ha traído la incautación del teléfono celular de su exabogado Enrique Aldunate, por supuestas filtraciones a la prensa sobre los chats del caso Hermosilla.

En una publicación en Radio Bío Bío, los parlamentarios acusan que mientras la Fiscalía aún no incauta los teléfonos de los exministros Andrés Chadwick o Felipe Ward, se incautó el celular del jurista Aldunate por la supuesta filtración de conversaciones.

«Esta medida se basó en una denuncia de una abogada con estrechos vínculos al Partido Republicano. Si bien esto no implica que el partido esté detrás de la denuncia, su relación con ellos es un hecho irrefutable», acusaron.

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Aseguran que el abogado Luis Hermosilla, quien hoy está en prisión preventiva, tienen una estrategia junto a su red, «cerrar las revelaciones y desprestigiar a quienes los han enfrentado».

Dicen que «se intentó instalar que quien denuncia corrupción es tan culpable como quien la comete». Esto referente al actuar de la Fiscalía ante las filtraciones de información hacia la opinión pública.

«La red de Hermosilla operó creando una agenda que buscó equiparar al corrupto con quien lo deja en evidencia. Un debate peligroso que amenaza con abrir la puerta a ataques contra la libertad de prensa y la persecución de periodistas, fundamentales para la democracia», afirmaron.

Debido a la polémica que generó la incautación al abogado Aldunate, los legisladores decidieron retirar su mandato judicial. «Nosotros jamás instruimos que filtrara, ni que se relacionara con la prensa, y actuar a nuestras espaldas dañó la confianza», expresaron.

En cuanto a esa pesquisa, Manouchehri y Cicardini dicen que «la ironía no se hizo esperar. La diligencia de incautación por una denuncia de filtración… se filtró a la prensa».

Denuncian que «un periodista cercano a Hermosilla (que luego no firmó la nota) comenzó a contactar a diputados del PS. La Segunda y otros medios titularían la noticia “Caso Audios: Incautan teléfono de abogado de Manouchehri y Cicardini”, con una gran foto nuestra, buscando casi asociarnos con los imputados del Caso Hermosilla».

«Pero esto no quedó ahí. Ex-Ante, dirigido por Cristián Bofill, quien según señaló la propia fiscalía, mantenía una estrecha relación con Hermosilla, publicó dos notas cargadas de injurias, buscando desprestigiarnos. Verdaderas columnas de opinión disfrazadas de noticia», acusan también.

Aseguraron que «todo esto es parte de una estrategia mucho más amplia. Hermosilla está en prisión, pero su red sigue activa, operando con fuerza. Esta red, compuesta por fiscales, jueces, periodistas y políticos influyentes, busca protegerse a sí misma. Probablemente, ya no les interesa Hermosilla, les importan ellos».

En cuanto a las filtraciones, expresaron su preocupación por una eventual persecución y atentados contra la libertad de prensa. Esto debido a que, primero, las filtraciones han sido claves para destapar la corrupción y para garantizar la transparencia.

«Si concluimos que es igual de grave develar un acto de corrupción, con la corrupción misma, estamos a un paso de la persecución de periodistas y comunicadores», manifestaron.

Dejan como pregunta «¿qué sucede si mañana, movidos por la agenda “anti filtraciones” se incautan teléfonos a periodistas o allanan medios de comunicación?Claramente, estaríamos en una situación compleja».

«No podemos permitir que quienes denuncian sean tratados como delincuentes, mientras los responsables de los actos de corrupción se mantienen protegidos por redes de poder. Esto no se trata solo del caso Hermosilla. Se trata de defender la verdad, la transparencia y la confianza en nuestras instituciones», cerraron.

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