Este viernes, se publicó la nueva Ley de Protección de Datos Personales en el Diario Oficial. Esta normativa regula la protección y el tratamiento de dicha información y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.
Cabe señalar que, a través de esta legislación, se busca fortalecer los derechos de privacidad de los ciudadanos. Además, establecer estándares modernos en el tratamiento de datos, tanto para entidades públicas como privadas.
Lea también: Investigadoras U. de Chile advierten sobre los riesgos del escaneo de iris por criptomonedas en nuestro país.
¿QUÉ DICE LA LEY?
En concreto, la nueva ley actualiza la legislación vigente y aumenta el estándar de protección a los derechos de las personas.
Con esto, el estándar chileno se logra equiparar al establecido por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. El cual, es la referencia internacional para la protección de los derechos de las personas y sus datos personales.
Según informaron desde el gobierno, la nueva ley establece y regula detalladamente los derechos de los titulares de los datos personales.
Estos incluyen el derecho de acceso, que permite a las personas saber cómo se usan sus datos, y el derecho de supresión, que les otorga la posibilidad de eliminarlos cuando ya no sean necesarios.
Además, se incorpora el derecho a la portabilidad de datos, que facilita la transferencia de información personal entre diferentes proveedores.
¿A QUIENES SE APLICARÁ ESTA REGULACIÓN?
Según indicaron, esta regulación se aplicará a:
– Quienes realicen tratamiento de datos personales en el territorio nacional.
– Los que lleven a cabo el tratamiento de datos a nombre de un mandatario que se encuentre en el territorio nacional.
– En los casos en que el tratamiento de datos esté destinado a ofrecer bienes o servicios a personas que se encuentren en el país.
Cabe señalar que en estos dos últimos casos, la regulación se aplicará incluso a quienes traten los datos personales sin encontrarse presentes en el territorio nacional.
AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Entre las novedades de esta nueva ley, está la creación de una institucionalidad para la protección de los datos personales.
La denominada Agencia de Protección de Datos Personales, tendrá como objetivo fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicar sanciones.
Por ello, se establece un catálogo de conductas e infracciones: leves, graves y gravísimas. Las cuales, se sancionarán con multas de hasta 5.000 UTM, 10.000 UTM y 20.000 UTM, respectivamente. En concreto, se trata de multas que se encuentran entre las más altas de nuestro ordenamiento jurídico.
Por último, cabe señalar que la nueva ley entrará en vigencia 24 meses después de su publicación, lo que permitirá a todos los responsables de datos adaptarse a este nuevo régimen.
UNA MIRADA ESPECIALIZADA
Respecto a esta nueva normativa, la abogada experta en tecnologías, Cynthia Gajardo Valdés, señaló que «el desarrollo de dicha garantía constitucional estaba al debe desde hace ya varios años.
Atendido a que la antigua Ley de la materia, sin perjuicio de ser una de las primeras a nivel latinoamericano, debido a los trepidantes avances tecnológicos, se encontraba totalmente anacrónica y obsoleta».
«Para que la nueva Ley sea efectiva y eficaz, la sociedad completa debe verse empapada del conocimiento de sus derechos, obligaciones y los mecanismos para hacerlos valer, en ello, cumplirá un rol fundamental la nueva Agencia de Protección de Datos Personales».
«En su labor proteccionista y fiscalizadora, contará con autonomía para llevar a cabo esa ardua labor. Esperamos que su implementación cuente con los recursos suficientes y necesarios para su funcionamiento y cumplimiento de sus objetivos», agrega.
«Una efectiva implementación de la Ley generará, más que una carga, una multiplicidad de beneficios y atenuantes a las posibles sanciones, ya que la organización en su totalidad podrá responder de forma oportuna y efectiva frente a requerimientos, atenuando los costos, evitando incidentes de ciberseguridad, previniendo y mitigando riesgos, lo que se traduce en una maximización de utilidades», concluye la abogada.