Crisis de las isapres: «Los responsables del abuso» Por Abraham Santibáñez Premio Nacional de Periodismo 2015
Según una presentación de su historia desde su propio (descarado o ingenuo) punto de vista, las Isapres en Chile deben su existencia a la institucionalidad impuesta por la dictadura militar: “La Reforma a la Salud de la Década de los Ochenta, la conformación del actual sistema de salud nacional, se originó en el año 1980 (y su modelación se extendió durante toda la década), a partir de la promulgación de una nueva Constitución Política para la República de Chile”.
En otras palabras, es el fruto del modelo que concretaron entonces sin oposición posible los llamados “Chicago boys”, un apelativo casi ignorado por los chilenos más jóvenes.
Libertad a medias
Conforme esta versión de la propia “industria” -algo enredada para disimular las deficiencias que se han hecho evidentes con el tiempo- “en 1980 se crean Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), instituciones privadas encargadas de administrar los fondos y ahorro de pensiones…
Con ello se reformó el sistema previsional transformándolo en un sistema de capitalización individual de las pensiones de vejez, invalidez y supervivencia…
En la Constitución de 1980, en temas de salud, se reconoce la existencia de un sector privado de salud y la libertad de elección entre este sistema privado y el sistema público de beneficios en salud.
La privatización
De este modo, lo dispuesto constitucionalmente generó un cambio drástico en materia de salud al entender delegables las acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, permitiendo la participación de los privados en un ámbito que hasta la fecha había sido prácticamente de exclusividad del sector estatal.
En lo relativo a las acciones de salud, si bien es deber preferente pero no exclusivo del Estado atenderlos, ello debe ser siempre respetando la iniciativa particular en la materia, atendido que se garantiza el derecho de las personas a elegir el sistema en salud en el cual deseen atenderse.
La ley mantiene la obligatoriedad de cotizar (salud y pensiones), sin embargo, innova en el derecho a elegir donde el trabajador desea hacerlo: si cotizar en el sistema estatal o privado, sin poder obligar a las personas a la afiliación en uno u otro sistema.
Un cambio sustancial
Esta norma constitucional da origen a las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y faculta a la ley para regular a estos prestadores privados que perciben cotizaciones obligatorias de salud, y que de esta forma sustituyen al Estado en el otorgamiento y financiamiento de las prestaciones de salud.
“Así, las personas a partir de 1980 pueden optar – si sus ingresos se lo permiten – entre quedarse en Fonasa o afiliarse a una Isapre.
Además, se puso fin a la discriminación que existió hasta el año 1980 entre obreros y empleados, los que sólo podían hacer uso del SNS o de Sermena según su calidad de obrero o empleado.
Con la Constitución de 1980 se redefine el rol del Ministerio de Salud y se descentraliza la provisión de salud estatal…”
Se recalca: “de esta forma, se consideró que las cotizaciones de salud pertenecen al trabajador y le otorgan la posibilidad de elegir entre el sistema público o privado de salud y, que ese sentido de propiedad sobre la cotización, contribuiría a cautelar su buen uso por parte de las entidades que brinden los servicios de salud”.
No hace falta subrayar el tono épico con que se presentan oficialmente las Isapres.
La clave está en el concepto de que las cotizaciones son del trabajador.
Hoy, casi medio siglo desde que se puso en marcha lo que uno de sus creadores, José Piñera, calificó como “un Mercedes-Benz”, vemos que los “cacharros” del pasado (desde los Ford 30 a las Citronetas) eran menos ambiciosos pero no trataban de endulzar su discurso o sus eventuales fallas o abusos.
La larga historia autocomplaciente se coronó con la forma en que ahora pretenden devolver lo cobrado en exceso a los usuarios.
No es un gesto voluntariamente generoso, sino el obligado cumplimiento de una decisión de la Justicia.
Con el argumento de que la única alternativa es la quiebra, las Isapres le dieron largas al asunto y ahora tratan de devolver lo cobrado en exceso en cómodas (para ellos) cuotas.
Después de un breve período en que los culpables de esta parte del desaguisado se culparon mutuamente, el debate público ha logrado que se empiece a corregir el abuso.
Pero es obvio que falta mucho.
Los plazos acordados siguen siendo escandalosamente largos y no tienen en cuenta que se trata de dineros mal habidos que, como todavía insisten las Isapres en su (¿engañosa?) publicidad, no son de ellos sino de los cotizantes.
Es notorio que las correcciones al “modelo” han sido tardías e insuficientes. Y ese modelo, por si alguien lo duda, estaba detrás del estallido de 2019.
No de la forma vandálica en que se expresó, pero sí en su origen.
(El informe aludido se puede ver en: Informe 35 anos de las Isapres en el Sistema de Salud Chileno)
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