La Corte Suprema dejó en acuerdo su pronunciamiento sobre el recurso de amparo que presentó la defensa de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga para revertir la prisión preventiva que cumple en la cárcel de San Miguel.
Eso significa que recién la próxima semana se dará a conocer el fallo del máximo tribunal.
La exjefa comunal es investigada por supuestos hechos de corrupción que habría cometido cuando estuvo a la cabeza de ese municipio.
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El monto que habría defraudado asciende a $33.515.721.000, según la actual administración edilicia.
Además, la Fiscalía Metropolitana Oriente acusa a Barriga de modificar los gastos presentados por el municipio en la cuenta pública versus los gastos reales de cada periodo. Es decir, de enviar información falsa a la Contraloría.
DEBER LEGAL DEL ALCALDE
El abogado querellante del municipio, José Pedro Silva, dijo al ingreso a la extensa audiencia que “aquí se está cumpliendo con el deber legal de perseguir y denunciar los hechos graves de fraude al Fisco y de falsificación de instrumento público que ocurrieron durante la administración de la exalcaldesa».
«Si no hiciera esto, el alcalde precisamente incurriría en un delito de omisión de denuncia, porque está en su deber legal de proteger el patrimonio de Maipú y de perseguir hasta las últimas consecuencias a quienes lo defraudaron de manera sistemática durante cuatro años”, agregó.
Lo dijo en referencia a lo planteado por Cathy Barriga al hacer reingreso al penal de San Miguel, donde acusó persecución de parte del actual jefe comunal, Tomás Vodanovic (FA), a quien calificó de misógino.
“Descarto absolutamente que el alcalde tenga especial énfasis en estas querellas que nosotros hemos interpuesto en relación a su condición de mujer”, recalcó Silva.
¿DELITO NUEVO?
Los abogados defensores de Barriga afirman en el recurso de amparo que revisa la Corte Suprema que en la audiencia del 12 de noviembre se agregaron a la causa hechos nuevos (falsificación de instrumento), y «que estos en ningún caso constituyen una modificación, complementación o precisión de hechos y delitos de aquellos expuestos en la audiencia de formalización» del 16 de enero de 2024.
Eso, argumentaron, «amenaza a la libertad personal y seguridad personal establecida en el artículo 19 numeral de la Constitución Política de la República, agravio que debe ser enmendado».
Al respecto, José Pedro Silva comentó que esa imputación «no escapa del núcleo sustancial que se hizo en enero».
«En ese momento se señaló que al menos se engañó al Consejo Municipal mediante la entrega de información falsa. Y no solamente se le hizo al Consejo Municipal y a la ciudadanía, sino que además a la Contraloría General de la República. Eso, configurarlo como un hecho inédito, me parece absurdo», enfatizó.
