En una resolución emitida el martes 7 de enero, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta desestimó la solicitud del Comité de Ministros para ampliar el plazo en la votación del proyecto Dominga, señalando que las reclamaciones deben resolverse sin más dilaciones.
El tribunal concluyó que la petición presentada por Benjamín Altamirano, abogado de la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), no contenía fundamentos suficientes para justificar la extensión.
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En su argumentación, el Gobierno había solicitado más tiempo para que el Comité sesionara y la Secretaría Técnica elaborara un texto de acuerdo conforme a lo indicado por el tribunal.
«Solicitamos que ese plazo considere también que las partes del procedimiento administrativo de reclamación han realizado presentaciones adicionales, las cuales deben ser debidamente ponderadas, expuestas al Comité de Ministros y resueltas», se indicaba en el documento del SEA.
TRIBUNAL
Sin embargo, el tribunal señaló que los intentos del Comité por «dilatar» el proceso, incluyendo consultas a la Contraloría General de la República, no eran procedentes.
El tribunal recordó que cualquier duda sobre la sentencia debió resolverse mediante «mecanismos procesales idóneos», lo que no ocurrió.
Asimismo, dejó claro que la ejecución de la sentencia no puede suspenderse bajo ninguna circunstancia.
FALLO
El fallo destacó que las excusas administrativas o logísticas presentadas por el SEA carecen de validez.
Se reiteró que el Comité de Ministros debe cumplir con las órdenes judiciales, emitiendo una nueva resolución en los plazos establecidos y con una composición imparcial.
«El nuevo acto debe ajustarse a todo lo determinado en esta instancia de control judicial», afirmó el fallo.
COMITÉ DE MINISTROS
Mientras tanto, la sesión del Comité de Ministros programada para el miércoles 8 de enero se realizará con subrogantes debido a la inhabilitación de los titulares.
Tres jefes de divisiones jurídicas asumirán los cargos correspondientes.
El proyecto Dominga, valorado en US$2.500 millones y situado en La Higuera, cerca de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en la región de Coquimbo, enfrenta una fuerte oposición debido a su potencial impacto ambiental.