Un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), donde solicitan que este se pronuncie sobre la posible cesación en el cargo de la senadora socialista Isabel Allende, presentó finalmente un grupo de diputados de Chile Vamos.
El requerimiento apunta a la compraventa de una casa, ubicada en la calle Guardia Vieja, en Providencia, que perteneció al ex presidente Salvador Allende.
Según los parlamentarios, esa operación vulneraría el artículo 60 de la Constitución, que prohíbe explícitamente a los legisladores en ejercicio celebrar contratos con el Estado. Entre los cuatro vendedores figuran la parlamentaria y su sobrina, Maya Fernández, actual ministra de Defensa.
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“La senadora Allende, en conjunto con otros copropietarios, habría celebrado este contrato con el Fisco mientras ocupaba su cargo como parlamentaria, configurándose una causal de cesación que debe ser evaluada por el Tribunal Constitucional,” sostuvieron los diputados en su presentación del requerimiento ante el TC.
El inmueble iba a ser adquirido por el ministerio de Bienes Nacionales en diciembre de 2024 por un valor superior a 24.000 UF.
Forma parte de un proyecto impulsado por el Ejecutivo para adquirir propiedades relacionadas con expresidentes de la República para transformarlas en museos.
NADA PERSONAL
Al respecto, los parlamentarios de Chile Vamos argumentaron que «la motivación de este requerimiento no es un ataque personal, sino un resguardo del Estado de Derecho y la supremacía constitucional».
«Es imperativo que ninguna autoridad esté por encima de la Constitución», recalcaron.
El Tribunal Constitucional deberá analizar los antecedentes y determinar si procede la cesación en el cargo de la senadora Isabel Allende en virtud del artículo 93 N° 14 de la Constitución.
Tras el ingreso de la solicitud al TC, el diputado Frank Sauerbaum (RN), planteó que “no por tener apellido Allende es inmune a la transgresión a la ley y esperamos que responda debidamente y que el Tribunal Constitucional actúe en derecho y no políticamente como lo ha hecho lamentablemente en el último tiempo”.
Agregó que si “se atañe a la ley y a la Constitución, este requerimiento tiene muchos componentes que hacen evidentemente cumplirse para la remoción de la senadora”.
¿Y FERNÁNDEZ?
Los legisladores también se refirieron a la exclusión en el escrito de la ministra Fernández.
«El requerimiento solamente está presentado en contra de la senadora Isabel Allende porque tenemos ahí una duda jurídica si procede recurrir ante el Tribunal Constitucional o no en contra de la ministra Fernández», dijo el diputado UDI Gustavo Benavente.
«Pero, como hemos dicho, tenemos otras herramientas fiscalizadoras para hacer valer todas las responsabilidades políticas, administrativas, y eventualmente legales que hay involucradas”, advirtió.
Destacó, en todo caso, que “creemos que nuestra presentación es bastante sólida, con argumentos jurídicos muy fuertes, muy potentes. Creemos que el Tribunal deberá fallar conforme a derecho y, en eso, creemos nosotros que no hay otra dirección de que nos dé la razón”.