La Fiscalía Regional de Antofagasta investiga el caso conocido como Democracia Viva, que involucra tres convenios millonarios mediante los cuales se transfirieron $426 millones a la fundación del mismo nombre. Recientemente, esta pesquisa llevó al fiscal Cristián Aguilar a abrir una nueva indagación en contra de la diputada Catalina Pérez, esta vez por un aborto.
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Esta nueva indagatoria no está vinculada a los convenios firmados por la ONG y la seremi de Vivienda de Antofagasta en 2022. Durante la revisión de conversaciones, específicamente chats de teléfonos incautados en el caso Convenios, se detectaron intercambios entre Daniel Andrade, y la diputada Catalina Pérez. Estos hallazgos fueron suficientes para que la Fiscalía iniciara de oficio una causa penal por el delito de aborto en contra de la congresista.
Según fuentes cercanas, el análisis de los mensajes de WhatsApp entre Andrade y Pérez sugiere que la parlamentaria interrumpió un embarazo, un hecho hasta ahora desconocido. Esta situación llevó al Ministerio Público a investigar la posible responsabilidad de Pérez en este ilícito, ya que en Chile el aborto solo se permite bajo tres causales, y la Fiscalía sostiene que la diputada no presentó ninguna de ellas al realizarse la intervención.
HECHOS QUE ACTIVARON LA NUEVA CAUSA
Según La Tercera, los hechos que motivaron la nueva causa se relacionan con intercambios entre Andrade y Pérez ocurridos entre el 21 y el 26 de diciembre de 2022, antes del estallido del caso Convenios. A raíz de estos hallazgos, Aguilar comenzó a investigar si la diputada se sometió a un aborto clandestino.
Con esta información, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta el uso de estas conversaciones, que no están relacionadas con los hechos del caso Democracia Viva, y pidió la autorización para realizar diligencias intrusivas. El 7 de enero, la jueza Sissi Bertoglio-Talap aprobó la solicitud, permitiendo que las conversaciones se usaran como evidencia.
ALLANAN UN CENTRO MÉDICO
La magistrada también accedió a la petición de allanar un centro médico en la capital, donde se incautó la ficha clínica de Pérez y otros elementos relevantes para la investigación, considerados “importantes y diligentes” para esclarecer los hechos.
Un estudio de la Corporación Miles Chile, que revisó cómo se han manejado los casos de presuntos abortos entre 2012 y 2022, revela que se investigaron 444 personas en ese periodo. Del total, el 87,2% son mujeres y el 9,9% hombres. La mayoría, un 65,8%, tiene entre 18 y 35 años. La investigación muestra que casi todas las causas se iniciaron por denuncias, y un alto porcentaje de los casos fueron sobreseídos.
La diputada Camila Rojas Valderrama sobre la persecución penal de la Fiscalía por el delito de aborto en contra de la diputada Catalina Pérez, aseguró que «la diputada Pérez o cualquier mujer sufra persecución, es decir sea perseguida por realizarse un aborto o porque se sospeche de la realización de un aborto no me resulta aceptable. El 2023 se abrieron 43 causas por esta razón y yo me pregunto si lo que quiere la derecha, lo que quiere la oposición es que las mujeres vayan presas por esta razón»
«En ese sentido me parece que tenemos que legislar sobre la despenalización del aborto. Con un grupo de diputadas lo intentamos una vez y se rechazó incluso la posibilidad de abrir ese debate, se rechazó la idea de legislar, pero es justamente en esa discusión donde podemos ver el marco, los límites que tiene que tener una legislación de este carácter», puntualizó.
MÁS INVESTIGACIONES
Además de la indagación por aborto, la Fiscalía sigue investigando a Catalina Pérez. El Consejo de Defensa del Estado amplió su querella, acusándola de complicidad en fraude al Fisco por su relación con el caso Democracia Viva. Recientemente, T13 reveló conversaciones entre la parlamentaria y su ex pareja, que forman parte de un informe de 101 páginas que la Fiscalía utiliza para solicitar su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
En los chats de 2022, ambos discutieron dificultades que Andrade enfrentaba para cerrar los convenios con Democracia Viva, así como gestiones de Pérez para ayudar a Andrade a encontrar trabajo en organismos estatales mientras él continuaba impulsando la fundación. También se encontraron mensajes que hacen alusión a Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, imputado en el caso por fraude al Fisco. Tras el estallido del caso en 2023, surgieron más conversaciones sobre la coordinación para enfrentar el escándalo.
