“Yo puedo haberme equivocado, no voy a hablar más. Lo va a dirimir el Tribunal Constitucional (TC)”, dijo la senadora Isabel Allende al ser consultada si, debido a su experiencia en el servicio público, sabía que la venta al Estado de la casa de su padre constituía una transgresión a la Constitución.
La parlamentaria y su sobrina, la ministra de Defensa Maya Fernández, fueron citadas a declarar como imputadas por la fallida venta de la que fuera residencia de Salvador Allende. Ellas son dos de las dueñas del inmueble que el Gobierno quería comprar para transformarlo en museo. Sin embargo la ley prohíbe ese tipo de transacciones con funcionarios púbicos.
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Ambas fueron convocadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Este fue designado la semana pasada a cargo de esta investigación penal que surgió tras la querella presentada por el abogado Raimundo Palamara.
La senadora Isabel Allende confirmó la citación a declarar. Dijo que “haremos como corresponde: colaborar con las instituciones, con la justicia, así como estamos haciendo con el Tribunal Constitucional (TC), que además acaba de presentar un requerimiento”.
“Esto es un proceso que está en curso, está empezando. Estamos recién empezando a interiorizarnos y necesitamos evidentemente preparar nuestras defensas con los abogados. Les voy a pedir muy sinceramente que me ayuden a entender que más no me voy a explayar. La última cosa que puedo decir: siempre actuamos de buena fe y no tenemos nada que ocultar y lo hemos hecho siempre con la mejor convicción”, dijo a la prensa.
Eso sí, la parlamentaria recalcó que esta controversia “no mancha la figura de Salvador Allende, quien es un referente universal”.
Enfatizó, también, que “esto jamás lo va a manchar, menos si fue hecho como ya lo he dicho, con la mejor de las intenciones. Un hermoso legado que debió haber sido y que de verdad no va a manchar jamás la figura de Salvador Allende”.
