El gobierno del Presidente Gabriel Boric reiteró su disposición a colaborar plenamente en la investigación sobre la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en calle Guardia Vieja, Providencia.
La transacción tenía como objetivo convertir el inmueble en una casa-museo, pero terminó siendo objeto de una causa penal por presunto fraude al Fisco.
Lea también: Fiscal Valencia por casa de Allende: «no hay nadie por sobre la ley»
La Fiscalía, encabezada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ha intensificado las diligencias del caso, incluyendo la citación en calidad de imputadas de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y de la senadora Isabel Allende, nieta e hija del exmandatario, respectivamente.
Ambas deberán declarar esta semana, junto a la exministra Marcela Sandoval, quien ya dejó su cargo tras verse involucrada en el conflicto.
TOTAL COLABORACIÓN
En ese contexto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la transparencia y la colaboración en las investigaciones judiciales, subrayando que “no hay ningún misterio sobre estos temas”.
La secretaria de Estado además destacó que el gobierno ha proporcionado toda la información requerida por el Ministerio Público, manteniendo la prudencia en el manejo de antecedentes sensibles.
El caso de la casa del expresidente Allende ha puesto nuevamente al Gobierno bajo el escrutinio público, siendo una de varias investigaciones que complican al gobierno en un momento político delicado. La Fiscalía busca esclarecer cómo se gestó la operación de compra y por qué se utilizó dinero público en una transacción que finalmente no se concretó.
El desarrollo de este proceso penal podría incluir nuevas declaraciones, incluso la del propio Presidente Boric, si la Fiscalía lo considera pertinente. Entretanto, el Ejecutivo asegura que mantendrá su postura de colaboración para garantizar el esclarecimiento de los hechos
