El relator del Tribunal Constitucional (TC), José Francisco Leyton, informó que fueron admitidos a trámite los dos requerimientos que buscan destituir Isabel Allende del Senado.
Recordemos que todo esto surge a raíz de la fallida compra de la casa de la familia Allende de calle Guardia Vieja. Chile Vamos y el Partido Republicano acudieron al organismo para que este se pronuncie sobre el rol de la parlamentaria en la cuestionada operación.
Esto, porque por ley los funcionarios públicos como legisladores o ministros no pueden celebrar contratos de ese tipo con en Estado mientras estén en ejercicio de sus cargos.
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La audiencia del TC para revisar la admisibilidad de los requerimientos que buscan destituir comenzó a las 9:30 horas. Poco antes de las 14.00 horas, se dio a conocer la resolución del organismo.
TRASLADO POR DIEZ DÍAS
Por primera vez en los casi 50 años de existencia del TC se invocó el artículo 60 de la Constitución, que especifica que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.
Es por eso que Allende arriesga perder su escaño en la Cámara Alta: por haber suscrito un contrato para venderle a Bienes Nacionales la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, para transformarla en un museo.
«En conformidad con lo establecido en el articulo 121 de la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional se conferirá traslado por diez días a la honorable señora Isabel Allende Bussi para la contestación del requerimiento luego de que sea notificada personalmente de la resolución que acoge a tramitación el requerimiento», explicó José Francisco Leyton.
Los requerimientos no incluyen a la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del fallecido líder de la Unidad Popular (UP). Ella también suscribió el contrato para la compraventa del inmueble.
En paralelo ella y la senadora son indagadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Este fue designado la semana pasada para encabezar la investigación penal. Esta surgió tras la querella presentada por el abogado Raimundo Palamara por el fallido negocio con el Estado.
