El documento N° 326-372 presenta indicaciones que modifican el proyecto de ley sobre el nuevo sistema de pensiones y seguro social.
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Estas modificaciones incluyen ajustes al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), cambios regulatorios en la gestión de las AFP, y relacionados con la gradualidad del aumento en la tasa de cotización.
MODIFICACIONES AL PROYECTO
- Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP):
- Permitirá agrupar el bono de seguridad provisional para una misma cohorte.
- Tanto el administrador del FAPP como las AFP deberán informar a los afiliados sobre cotizaciones, recursos acumulados y rentabilidad de la cotización protegida.
- Evaluación y ajustes fiscales:
- Los Ministerios de Hacienda y Trabajo deberán evaluar cada dos años los efectos macroeconómicos de la ley durante sus primeros diez años.
- Hacienda podrá modificar la Ley de Presupuestos vigente para ajustar ingresos y gastos relacionados.
- Garantía estatal y administrativa:
- La garantía estatal para bonos generados por la cotización protegida se incluirá en los informes anuales de Pasivos Contingentes.
- El IPS y la Tesorería General tendrán programas presupuestarios separados para ingresos y gastos asociados.
- Incapacidad laboral y cotización:
- En casos de incapacidad laboral (SIL), la cotización del empleador será asumida por las entidades pagadoras de subsidios, calculada según la remuneración imponible del mes anterior.
- Financiamiento durante la transición:
- Las leyes de reajuste del sector público destinarán recursos para financiar el aumento de cotización, que será gradual.
- En 2025, el Presidente podrá asignar recursos mediante DFL para la capitalización individual adicional.
IMPACTO FISCAL
- Costo SIL con carga a FONASA:
La incorporación del SIL aumentará los gastos de FONASA, con costos estimados en MM$ 2.174 para 2025, llegando a MM$ 153.489 en 2035 bajo el escenario más gradual. - Modificaciones presupuestarias:
Los ajustes a los DFL necesarios para financiar el aumento de la cotización en sectores como educación y salud representarán un costo de hasta $28.535 millones en 2025.