El American Council of Life Insurers (ACLI) de EE.UU. envió una carta al Presidente Gabriel Boric criticando la reforma previsional que hoy se votará en la Cámara de Diputados y, si bien el Gobierno está analizando la misiva para «resolver en su mérito», la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, advirtió que «el debate democrático en nuestro país se da en el Congreso Nacional».
«Sobre los temas más de fondo de la carta creo que va a haber la oportunidad para referirse a ellos, pero lo que hoy está concentrando el trabajo del Gobierno es estar en el Congreso Nacional debatiendo el proyecto de Ley», dijo en entrevista con CNN Radio.
Sí comentó que «los afiliados no son propiedad de nadie. Son personas. Y por lo tanto, en un mercado obligatorio de ahorro, a lo más, si el mercado no se ha regulado para tener una mayor eficiencia en términos de los costos que cobra a los afiliados, se toman ciertas medidas como la licitación de actuales afiliados».
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A juicio de la secretaria de Estado «hay varias experiencias en Chile que muestran que una combinación entre actores públicos y privados (…) dan cuenta de que esa combinación es virtuosa (…). Hay que tener calma, su carta la enviaron un día antes de que se vote una reforma de pensiones importante en el país».
«Habrá que analizarla en su mérito y habrá que responderla en su momento», recalcó.
LO QUE DICEN LAS ASEGURADORAS
El American Council of Life Insurers de EE.UU., donde participan aseguradoras que controlan a las AFP Provida, Cuprum y Habitat, aseguraron en su carta al gobierno que los cambios que propone la reforma previsional generarían «ventajas injustas» para nuevos actores del mercado y afectarían la estabilidad de las inversiones estadounidenses en Chile.
Agregaron que, al obligar a una licitación bienal de afiliados, «constituiría una expropiación de inversiones significativas de EE.UU. en Chile y una violación de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a los inversores estadounidenses, entre otras violaciones del derecho internacional».
Asimismo, aseveraron que la inclusión de un administrador público financiado por el Estado «afectaría aún más a los administradores de pensiones incumbentes al crear condiciones de mercado injustas».
