Los diputados de Renovación Nacional (RN) e integrantes de la Comisión de Trabajo, Ximena Ossandón y Frank Sauerbaum, manifestaron su firme rechazo a la intención del Gobierno de incorporar un inversor estatal en el sistema de pensiones.
Según los legisladores, esta medida no estaba contemplada en el acuerdo previsional recientemente aprobado y transformaría el sistema en uno completamente estatal.
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El diputado Sauerbaum fue enfático al señalar que esta propuesta no cuenta con apoyo político y que su implementación afectaría la rentabilidad de los ahorros previsionales.
Con toda claridad le decimos al gobierno que esta opción ya fue desechada en el acuerdo previsional que tomamos, por lo tanto, no hay votos para poder establecer este inversor público», afirmó.
PREOCUPACIÓN POR EL CONTROL ESTATAL
Los diputados RN alertaron que la introducción de un inversor estatal eliminaría progresivamente la competencia del sector privado y debilitaría la rentabilidad de los fondos de pensiones.
«Si tú sumas la licitación de stock más el administrador estatal, que ya se aprobaron, más el inversor público, finalmente se terminaría derivando en un sistema totalmente estatal en el largo plazo», advirtió Sauerbaum.
Según el parlamentario, un administrador público con respaldo estatal podría ofrecer comisiones bajas y regularse a sí mismo a través de la Superintendencia, generando un monopolio inaceptable en el sistema de pensiones. «Nosotros no estamos disponibles a aceptar un monopolio estatal», sentenció.
«MANIOBRA POLÍTICA SIN VIABILIDAD»
Por su parte, la Jefa de Bancada de RN, Ximena Ossandón, calificó la insistencia del Gobierno en esta materia como una estrategia política sin posibilidad de éxito en el Congreso.
«Cuando la ministra Jara habla de ingresar un inversor estatal, lo que está haciendo es hablarle a su grupo de referencia para apaciguar los ánimos», afirmó.
La diputada además, advirtió que un inversor estatal podría generar conflictos de interés y distorsiones en el mercado.
«Si participa en las licitaciones de afiliados, se daría el absurdo de que es quien licita y quien se adjudica al mismo tiempo. Además, tendría participación en los directorios de empresas privadas reguladas por el mismo Estado», explicó.
