El Presidente Gabriel Boric promulgó este martes la nueva Ley Antiterrorista en una ceremonia en La Moneda, acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y otras autoridades del Gobierno y de las fuerzas de seguridad.
En la instancia también estuvo presente la ministra de Defensa, Maya Fernández; la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry; el ministro (s) de Justicia, Ernesto Muñoz; el general director (s) de Carabineros, Enrique Monrás; y el director general (s) de la Policía de Investigaciones, Ricardo Gatica.
Durante su intervención, el Mandatario destacó que la norma actualiza el marco legal para combatir el terrorismo en Chile y que su aprobación fue fruto de un acuerdo transversal.
Lea también: Senado aprueba Ley Antiterrorista
“El terrorismo es inaceptable en Chile y no podemos permitirlo ni relativizarlo”, afirmó Boric respecto a la nueva ley Antiterrorista.
Además, recalcó que la seguridad es una prioridad para su gobierno y que “Chile no se rinde ni se arrodilla ante la delincuencia”.
La ley deroga la normativa de 1984 y se alinea con estándares internacionales, tomando como referencia legislaciones de España, Alemania y Estados Unidos.
Algunas de las principales modificaciones incluyen:
- Modernización de la persecución penal: Se sanciona la participación en asociaciones terroristas, con penas de hasta 15 años para jefes, fundadores y financistas.
- Definición más clara del delito terrorista: Se establecen criterios objetivos para su aplicación, como la intención de desestabilizar estructuras del Estado o someter a la población.
- Nuevas técnicas de investigación: Se permitirá la interceptación de comunicaciones, uso de agentes encubiertos y vigilancia de equipos informáticos.
- Protección a jueces, fiscales y testigos: Se establecen medidas de resguardo para quienes participen en procesos judiciales contra organizaciones terroristas.
IMPACTOS Y DESAFÍOS
La ley también otorga al futuro Ministerio de Seguridad Pública la facultad de querellarse por delitos terroristas y de diseñar una Estrategia Nacional de Prevención y Combate.
El gobierno espera que la nueva normativa refuerce la lucha contra el crimen organizado y evite interpretaciones ambiguas que dificulten la aplicación de sanciones. En los próximos meses se definirá su implementación y los recursos destinados a fortalecer su operatividad.
