Un mail enviado en abril de 2024 desde el Servicio Nacional del Patrimonio a la subsecretaría del Patrimonio (Ministerio de Culturas), advirtió posibles “efectos jurídicos” de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Según publicó La Segunda, el correo planteó que “se debe tener presente que hay dos personas de la comunidad que tienen calidad de autoridad, para efectos jurídicos”, aunque no explicitó cuáles eran los artículos legales que sostenían la información.
De todos modos, estableció desde el principio del proceso de compra que el que la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández fueran partícipes del trato representaba un conflicto de interés.
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De acuerdo con la publicación, esto pone en duda la versión de La Moneda de que solo se habían hecho advertencias políticas.
«ADVERTENCIAS POLÍTICAS»
En específico, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, dijo a Ciper Chile que en la compra de la casa de Salvador Allende “las advertencias que están realizadas o las cuales hacen mención esas notas, son advertencias políticas, no jurídicas. De hecho, explícitamente señalan que no se hicieron advertencias jurídicas sobre ese punto”.
Lo dijo en alusión a un reportaje según el cual la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval y funcionarios de la misma cartera habrían advertido a Presidencia en al menos tres ocasiones sobre el impacto negativo que podría tener la compra de la casa.
Una de las fuentes de La Segunda aseguró que el equipo jurídico del Servicio de Patrimonio también planteó la preocupación a los asesores de Bienes Nacionales, una vez que la adquisición fue traspasada a esta cartera.
El email, al que tuvo acceso el citado medio, actualmente está en manos de la Fiscalía y forma parte de los antecedentes recopilados en la investigación por eventual fraude al Fisco en la compraventa de la casa del exmandatario.
