Tras las enmiendas presentadas a la reforma electoral por el Gobierno en enero, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, defendió la propuesta, argumentando que Chile es una excepción en la legislación comparada al permitir el voto de extranjeros con solo cinco años de residencia temporal.
Esta iniciativa generó apoyo en las bancadas oficialistas y críticas desde la oposición, que acusa un cálculo electoral detrás de la medida.
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Las modificaciones buscan exigir residencia definitiva y antecedentes penales limpios, además de limitar el voto a elecciones municipales.
Desde el oficialismo, los diputados Camila Musante (Independientes-PPD), Daniel Manouchehri (PS) y Marcos Ilabaca (PS) respaldaron la iniciativa, señalando que las elecciones nacionales deben ser decididas exclusivamente por ciudadanos chilenos.
Además, recalcaron que en la mayoría de los países del mundo los extranjeros no tienen derecho a voto en elecciones generales.
RECHAZO DE LA OPOSICIÓN
En tanto, la oposición expresó su rechazo a las enmiendas. El diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) acusó al Ejecutivo de operar con “calculadora electoral” y anticipó la presentación de una indicación para equiparar la obligatoriedad del voto entre chilenos y extranjeros.
Por su parte, la senadora Luz Ebensperger (UDI) consideró adecuada la exigencia de residencia definitiva, pero discrepó con restringir el voto solo a elecciones municipales.
El diputado Miguel Ángel Calisto (Ind. Demócratas) criticó la medida por excluir a extranjeros que cumplen con los requisitos legales, señalando que ciudadanos venezolanos y refugiados ucranianos podrían verse afectados. Sin embargo, el Ejecutivo aclaró que los certificados de antecedentes pueden obtenerse en línea sin necesidad de acudir a consulados.
LAS ENMIENDAS
Las enmiendas del Gobierno establecen que los extranjeros solo podrán sufragar en elecciones municipales y plebiscitos regionales.
Asimismo, para ser incluidos en el padrón electoral, deberán presentar un certificado de antecedentes penales con una antigüedad máxima de 30 días.
Este documento deberá ser entregado ante el Servicio Electoral entre los 170 y 140 días previos a una elección. Quienes no cumplan con este requisito serán inhabilitados para votar.
Finalmente las modificaciones buscan armonizar la Ley de Migración y Extranjería con la reforma electoral, estableciendo que el derecho a sufragio solo se otorgue a quienes tengan residencia definitiva y no a aquellos con permisos de residencia temporal.
