La jornada de este lunes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta aprobó el desafuero de la diputada Catalina Pérez (ex FA), en el marco de la investigación por el caso Democracia Viva.
Esta decisión permitirá que el Ministerio Público formalice a la parlamentaria por tres presuntos fraudes al Fisco reiterados, tras la firma de millonarios convenios con la ONG liderada por su expareja, Daniel Andrade.
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Desde su defensa, la diputada ha insistido en su inocencia, asegurando que desconocía los detalles de los convenios y que su única falta fue un error político.
Sin embargo, en la carpeta investigativa se revelaron mensajes en los que se advierte su conocimiento sobre los acuerdos e incluso indicaciones para intentar mitigar la crisis.
La solicitud de desafuero fue presentada por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quienes argumentan que Pérez intervino activamente en los contratos por $426 millones firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida en ese momento por su exjefe de gabinete, Carlos Contreras, actualmente en prisión preventiva.
Con esta resolución, Pérez pierde su inmunidad parlamentaria y podrá ser formalizada por la justicia, lo que podría derivar en una eventual destitución si es hallada culpable.
REACCIONES
El desafuero de la diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio) ha provocado una ola de reacciones en la clase política.
Desde la oposición, el senador Iván Moreira (UDI) calificó el caso como «uno de los más graves de corrupción en la historia reciente», y acusó a Pérez de «mentir una y otra vez, lavándose las manos».
Moreira también adelantó que la Corte Suprema podría ratificar la decisión y que la diputada «tendrá que exponerse a un juicio oral en las próximas semanas».
Por otro lado, el senador de la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), señaló que la investigación debe «llegar hasta el final» y que la diputada debe demostrar «su absoluta inocencia y despejar todas las dudas posibles que hasta ahora se han levantado».
«Este desafuero, eventualmente una formalización, será el espacio para que los involucrados puedan dar respuesta», agregó.
«Es la oportunidad para que la diputada y otros involucrados den cuenta de sus verdaderas responsabilidades», cerró Velásquez.
