El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará una orden ejecutiva para suspender la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), una normativa vigente desde 1977 que prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios.
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Según informó Bloomberg News, la orden instruirá a la fiscal general Pam Bondi a detener las acciones legales en curso bajo esta ley ya revisar tanto los casos actuales como los pasados, mientras se establecen nuevas directrices para su aplicación.
La decisión se basa en la preocupación de Trump de que la FCPA perjudica la competitividad de las empresas estadounidenses en el ámbito internacional, dado que muchas de sus competidoras extranjeras operan en mercados con regulaciones menos estrictas sobre prácticas comerciales.
Un documento informativo citado por Bloomberg señala que “las empresas estadounidenses se ven afectadas por la sobrerregulación de la FCPA, ya que se les impide participar en prácticas comunes entre sus rivales internacionales, generando una desigualdad en el mercado”.
Asimismo, el documento justifica la suspensión con el objetivo de “evaluar cómo optimizar la FCPA para alinearla con los intereses económicos y de seguridad nacional” de Estados Unidos. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a CNBC que la administración busca flexibilizar la ley para hacerla más favorable a las empresas nacionales.
LA FCPA: UNA CLAVE NORMATIVA EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN
El Congreso de Estados Unidos promulgó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en 1977 para frenar la corrupción en el comercio internacional y prohibir los sobornos a funcionarios extranjeros.. En 1998, se amplió su alcance para incluir a empresas y personas extranjeras que facilitaran pagos ilícitos desde territorio estadounidense.
La legislación no solo penaliza los sobornos directos, sino también las ofertas, planes o autorizaciones de pagos indebidos por parte de una empresa. Sus sanciones pueden llegar hasta 15 años de prisión y multas de 250.000 dólares para individuos, mientras que para corporaciones las multas pueden alcanzar cifras significativamente mayores.
En los últimos años, el Departamento de Justicia ha intensificado la aplicación de la FCPA, con 24 casos de presuntas violaciones en 2024 y 17 en 2023. Los defensores de la ley sostienen que ha sido crucial para combatir la corrupción y mejorar la transparencia en los negocios internacionales, sirviendo incluso como modelo para normativas en otros países, como la Ley Antisoborno del Reino Unido y las regulaciones de la OCDE.
Por otro lado, sectores empresariales podrían recibir con alivio la suspensión de la ley, especialmente aquellas compañías que operan en mercados donde la corrupción es un problema recurrente. Sin embargo, algunos expertos advierten que relajar la aplicación de la FCPA podría dañar la reputación de las empresas estadounidenses y generar represalias regulatorias en otros países.
Trump to loosen enforcement of US law banning overseas bribes https://t.co/87xSG7fdPg
— Robbie Gramer (@RobbieGramer) February 10, 2025