El Gobierno enfrenta una situación complicada debido a las 10.251 personas que habitan la «megatoma» de San Antonio, tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que dictaminó que no se puede extender el plazo para el desalojo.
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Esta megatoma, que comenzó en 2019 y afecta a 4.136 inmuebles, se ha convertido no solo en un punto de conflicto judicial, donde los propietarios del terreno solo exigen que se cumpla la resolución, sino también en una disputa entre las autoridades involucradas.
DELEGADO PRESIDENCIAL
Esto se dio después de que el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme (PC), afirmara el 7 de febrero que corresponde al Ministerio de Vivienda encontrar una solución, «si es que este conflicto tiene alguna salida».
Según El Mercurio, Riquelme indicó: «aquí hay una labor primero que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que entendemos que está en un proceso de conversaciones además y de seguir con su estrategia o de ver cuál es la estrategia que se plantea frente a este hecho puntual. Estamos a la espera de cuál va a ser esa definición respecto de la estrategia en particular del Minvu, pero nosotros estamos haciendo todas las coordinaciones para cumplir con todas las órdenes que se nos han confiado».
MINISTRO DE VIVIENDA
Por su parte, el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), subrayó que «la Corte Suprema dijo al Estado ‘tiene que desalojar’, no al Ministerio de Vivienda, y el que lo hace no es el Minvu, lo hace el delegado presidencial. Formalmente a él le corresponde organizar junto con el municipio».
Montes añadió que es necesario «buscar alternativas que eviten caer en el extremo de un desalojo de 4 mil familias, con una gran cantidad de niños. Además, serviría para el futuro para resolver la situación en otros campamentos».
En este contexto, el ministro sugirió que «revisando la experiencia de otros lados, llegamos a la idea de que lo más razonable sería que las propias personas que se tomaron, compraran el terreno, porque el Estado no tiene plata y si tuviera tiene que comprarle a otra gente que está postulando hace más años y de otras maneras».
DISPUTA
La disputa entre el delegado presidencial y el ministro de Vivienda ha generado reacciones en la región, siendo criticada por parlamentarios de diversos sectores, quienes instan a centrarse en el fondo del problema.
«Más que seguir tirándose la pelota entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, yo llamo a las instituciones a buscar soluciones y, obviamente, respetar el Estado de derecho, que no puede ponerse en duda en este país, y sobre todo de un poder autónomo, como es el Poder Judicial», expresó el diputado Tomás Lagomarsino (PR) en El Mercurio de Valparaíso.
El diputado Tomás de Rementería (PS) calificó la discusión de «estéril», insistiendo en que «más que andar tirándose la pelota entre el delegado y el ministro, creo que acá lo que hay que buscar es una solución que satisfaga la necesidad de personas que, como Estado, le hemos incumplido su derecho a la vivienda y están viviendo ahí no porque es más fácil, sino porque no tienen donde vivir».
OPOSICIÓN
Desde la oposición, el diputado Luis Fernando Sánchez (republicano) acusó que «vivimos bajo un gobierno de niños».
«Si ninguno de ellos tiene claro qué es lo que tiene que hacer, probablemente eso pasa porque el Presidente Boric está muy ocupado comiendo helados por ahí. Ya es hora de que Boric ponga orden, y que en la reconstrucción de Viña, el desalojo en San Antonio, el avance de proyectos portuarios en la región, y tantos otros temas, haya decisión y se avance», declaró Sánchez.
Para el diputado Andrés Celis (IND), esta situación sobre la megatoma refleja «un nuevo capítulo de la descoordinación y la falta de liderazgo del Gobierno». A su juicio, «lo preocupante es que esta falta de decisiones no solo afecta a los dueños del terreno, sino que también genera expectativas inciertas en las familias que ocupan la toma. El Gobierno debe asumir su responsabilidad y dejar de patear el problema para adelante».
CARTA POR LA MEGATOMA
En una carta publicada hoy en El Mercurio, Francisco Bartucevic, investigador asociado de la Fundación Piensa, destacó que «la inacción de las autoridades resulta preocupante, porque implica que más de 4.000 familias corren el riesgo de terminar sumidas en el desamparo, siendo que el plazo para el desalojo se conoce desde hace más de un año y medio.
El problema radica en que, en vez de acometer la elaboración de un plan de emergencia para abordar esta situación, las autoridades de la Delegación Presidencial Regional y del Ministerio de Vivienda han preferido enfrascarse en una pugna para deslindar responsabilidades».
«Este lamentable episodio no sorprende viniendo de dos de los principales responsables de la fallida reconstrucción tras el ‘megaincendio’ y cuyo modus operandi se basó en culpas y excusas, pero no en gestionar los problemas», agregó.
