El subsecretario del Interior, Luis Cordero, reiteró que el Gobierno trabaja en una solución para el desalojo de la megatoma en el Cerro Centinela en San Antonio, cuyo plazo final se fijó por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para el jueves 27 de febrero.
Según la resolución, el desalojo deberá realizarse de forma «razonable y paulatina», con una planificación coordinada entre la Municipalidad de San Antonio, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y Carabineros de Chile.
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El fallo establece que el proceso de desalojo debe garantizar un trato diferenciado a personas vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Además, el Estado deberá coordinar soluciones transitorias para los afectados, lo que supone un importante desafío logístico.
Cordero destacó que esta no es la única orden de desalojo en el país, pero sí la más compleja, ya que involucra a más de 4.000 familias, es decir, aproximadamente 10.000 personas.
En ese contexto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha encabezado negociaciones entre los pobladores y los propietarios del terreno en busca de una solución consensuada.
PRÓRROGAS
El subsecretario explicó que el Estado ha solicitado prórrogas para el desalojo, pero la Corte ha dejado claro que el plazo máximo es el 27 de febrero.
«Hay conversaciones adicionales con los propietarios en curso, y las coordinaciones entre diversas entidades del Estado han ido avanzando», afirmó Cordero.
«Esto no es simplemente el desalojo, la Corte impuso una gran cantidad de condiciones. Si hay personas que provienen de grupos vulnerables, niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, deben tener un tratamiento en el desalojo que es bien distinto», agregó.
DESTINO DE DESALOJADOS
En cuanto al destino de las personas desalojadas, Cordero indicó que el desalojo se realizará por cuadrículas y de manera progresiva, estableciendo lugares de transición y acceso a mecanismos de vivienda.
«Los procesos de desalojo se hacen por cuadrículas, progresivamente, y se establecen lugares de transición y mecanismos de vivienda para los afectados», explicó.
Sin embargo, reconoció que este desalojo es significativamente más grande que los anteriores, por lo que la prioridad sigue siendo llegar a un acuerdo con los dueños del terreno.
«La principal preocupación del Gobierno y del ministro Montes ha sido lograr un acuerdo con los propietarios», subrayó.
«EL GOBIERNO TODAVÍA ESPERA LOGRAR UNA SOLUCIÓN»
El Gobierno también considera los costos que enfrentan los propietarios, como el cierre del terreno y el uso de maquinarias para la remoción de estructuras.
Con esto en mente, el próximo lunes, Cordero acompañará al ministro Montes en una nueva reunión con los propietarios de la megatoma, con la expectativa de alcanzar una solución antes de la fecha límite establecida por la justicia.
«El Gobierno todavía espera lograr una solución para este caso», concluyó el subsecretario.
