Más de 10 mil personas que residen en la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso, enfrentaban una situación incierta tras la resolución de la Corte de Apelaciones que ordenaba el desalojo del campamento más grande del país.
La medida representaba un fuerte golpe para los ocupantes, quienes advertían que podría desencadenar una «crisis humanitaria» y posibles enfrentamientos con las autoridades.
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El fallo del tribunal establecía que la Municipalidad de San Antonio, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y Carabineros debían coordinar la ejecución del desalojo «de forma razonable y paulatinamente». Esta instrucción tomó por sorpresa a las partes involucradas, ya que era la primera vez que se ordenaba el uso de la fuerza pública para iniciar el proceso.
MEGATOMA
Diego Pereira-Fontach, abogado de la inmobiliaria San Antonio S.A., propietaria del terreno en disputa, manifestó a El Mercurio de Valparaíso que «celebramos la resolución, no sólo porque nos autorizaron el auxilio de la fuerza pública para llevar a cargo el desalojo, sino que además porque se fijó una fecha establecida, para el próximo jueves».
En contraste, la decisión judicial generó gran preocupación entre los habitantes del asentamiento. Karina Ayala, vocera del Comité Nuevos Aires, expresó al mismo medio que la noticia les «cae como un balde de agua fría, porque nosotros teníamos toda la ilusión y estábamos confiados en que las conversaciones que decía llevar el gobierno con los dueños iban bien.
Esto de verdad que nos descoloca, nos preocupa, nos desespera». Además, advirtió que el desalojo de las aproximadamente 4 mil familias que conformaban el campamento representaría «una crisis humanitaria enorme, porque esa gente, la que hoy por hoy vive en los territorios, no tiene dónde ir».
MINVU
Según un catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el 70% de los habitantes del asentamiento se encontraba en condición de alta vulnerabilidad social, mientras que más del 90% no contaba con una segunda vivienda ni había accedido a un subsidio habitacional. Se estimaba que el 87% de los ocupantes eran ciudadanos chilenos, y que uno de cada tres residentes era niño, niña o adolescente.
Ayala también alertó sobre el riesgo de enfrentamientos durante el operativo: «Lo que se está haciendo ahora es hacer un enfrentamiento entre los pobladores y la fuerza pública, donde (habrá) más de algún herido, algún muerto. Toda esa responsabilidad de lo que pase aquí se le endosamos al gobierno, porque el gobierno no se puso los pantalones».
Mientras tanto, el Minvu intentó acercar posiciones para encontrar una solución alternativa. Para ello, coordinó una reunión entre el propietario del terreno, el alcalde de San Antonio y el subsecretario del Interior, con el objetivo de buscar una salida negociada. El ministro Carlos Montes expresó su esperanza de que «haya un acuerdo para darse un tiempo que permita construir las bases de un entendimiento, avanzar en este camino (…) Ojalá que el lunes haya un acuerdo con los propietarios».
No obstante, desde la inmobiliaria San Antonio S.A. se mostraban escépticos respecto a la instancia. Aunque no descartaban la posibilidad de llegar a un acuerdo, Pereira-Fontach fue categórico al afirmar que «no vamos a aceptar negociar con los pobladores, porque, en definitiva, son personas que están actualmente cometiendo el delito de usurpación. Solamente aceptaremos sentarnos a negociar con el Estado».
