Política

Detención de Pulgar reaviva debate sobre dieta parlamentaria

Santiago Henríquez

Periodista

Pulgar
FOTO: Pablo Ovalle / Agencia UNO
El caso de Pulgar no es el único que ha puesto este tema en el centro del debate

El desafuero y la prisión preventiva del diputado independiente Francisco Pulgar, investigado por violación y abuso sexual reiterado contra una menor de 14 años, han reavivado el debate en el Congreso sobre la dieta parlamentaria. La controversia surge porque, pese a estar imposibilitados de ejercer sus funciones, los legisladores desaforados siguen recibiendo su remuneración.

PARLAMENTARIOS CUESTIONAN EL PAGO DE SUELDOS A DESAFORADOS

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), enfatizó la necesidad de revisar el actual sistema de remuneraciones parlamentarias. «No podemos seguir permitiendo que quienes han sido desaforados continúen percibiendo su dieta», señaló, destacando que este tipo de situaciones dañan la confianza ciudadana en las instituciones.

En la misma línea, la diputada Carolina Tello (FA) sostuvo que «los parlamentarios que no están ejerciendo sus funciones no deberían recibir una remuneración». Argumentó que, en cualquier otro ámbito laboral, el salario está vinculado al ejercicio efectivo del cargo y que el Congreso no debería ser una excepción.

Por su parte, la diputada Nathalie Castillo (PC) subrayó la urgencia de acabar con estos beneficios en casos de desafuero, señalando que «no podemos seguir tolerando privilegios». Además, recordó que junto a otros legisladores presentó un proyecto de ley para suspender el pago de la dieta parlamentaria en estos casos.

UN PROYECTO PARA FRENAR EL PAGO A DESAFORADOS

El proyecto impulsado por Castillo y respaldado por los diputados María Candelaria Acevedo (PC), Carmen Hertz (PC), Lorena Pizarro (PC), Matías Ramírez (PC), Hernán Palma (Ind.) y Marcos Ilabaca (PS), busca establecer que cualquier parlamentario desaforado deje de recibir su dieta mientras dure la medida.

«Esta iniciativa surge en medio de una crisis institucional que afecta la credibilidad del sistema político y tiene como objetivo recuperar la confianza de la ciudadanía», afirmó Castillo.

El caso de Pulgar no es el único que ha puesto este tema en el centro del debate. Situaciones similares, como la de la diputada Catalina Pérez (ex FA), investigada en el caso Democracia Viva, y la de Mauricio Ojeda, en prisión preventiva por fraude al fisco en la arista Manicure del caso Convenios, refuerzan la necesidad de una reforma que elimine estos privilegios.

Con el Congreso cada vez más presionado por la opinión pública, el debate sobre la dieta parlamentaria y su vínculo con el desafuero promete ser un tema clave en la agenda legislativa de los próximos meses.

 

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