La Corte de Apelaciones de Valparaíso estableció el 27 de febrero como plazo máximo para llevar a cabo el desalojo de la megatoma en San Antonio. No obstante, a pocos días de la fecha límite, aún persisten dudas sobre cómo el gobierno ejecutará la orden judicial.
En paralelo, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, buscan negociar con los dueños del terreno para que lo vendan a los ocupantes organizados en cooperativas.
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El fallo de la Corte Suprema, que confirmó una resolución de la Corte de Valparaíso emitida en junio de 2023, fue dictado en marzo de 2024 y otorgó seis meses para concretar el desalojo.
Sin embargo, casi un año después, la medida sigue sin aplicarse. El 5 de febrero, la Corte de Apelaciones rechazó una solicitud de postergación presentada por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y la Municipalidad de San Antonio, dejando en evidencia que las autoridades locales no han garantizado el cumplimiento del dictamen.
INCUMPLIMIENTOS DEL EJECUTIVO
El caso de la megatoma de San Antonio no es un hecho aislado. En diciembre de 2024, el Primer Tribunal Ambiental anuló el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero Dominga y otorgó un plazo de 15 días para que la instancia volviera a reunirse.
Sin embargo, el plazo se extendió hasta el 8 de enero de 2025 sin que se diera cumplimiento total a lo ordenado, lo que generó una nueva orden judicial.
CASO ISAPRES
Asimismo, en el caso de las isapres, la Corte Suprema ordenó en noviembre de 2022 la aplicación de la tabla de factores y la devolución de cobros en exceso a los afiliados.
El gobierno ingresó un proyecto de ley en mayo de 2023 y solicitó prórrogas en mayo y octubre del mismo año, lo que dilató la implementación de la resolución judicial hasta la publicación de la ley en mayo de 2024.
«EL GOBIERNO ESTARÍA EN DESACATO»
Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y expresidenta del Tribunal Constitucional, advierte que «el cumplimiento de las resoluciones judiciales es uno de los elementos claves del Estado de Derecho».
En conversación con El Líbero, la jurista señala que la negativa del Ejecutivo a ejecutar el desalojo de la megatoma en San Antonio constituye «un desconocimiento abierto de la resolución judicial y un intento confesado de dilatar el cumplimiento de la sentencia».
Consultada sobre las consecuencias de un eventual incumplimiento, Peña afirma que «Es evidente que el gobierno estaría en desacato», recordando que la Constitución establece que los tribunales pueden impartir órdenes directas a la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones.
INCUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES
La abogada también advierte sobre el riesgo de que el incumplimiento de fallos judiciales se convierta en una práctica reiterada, lo que podría derivar en una crisis institucional.
«El caso Dominga, las isapres y ahora San Antonio generan dudas sobre la disposición del gobierno a cumplir las resoluciones judiciales que no le son favorables», señala Peña.
«Si el Ejecutivo persiste en esta actitud, podría configurar una causal de acusación constitucional contra el ministro de Vivienda o incluso contra el Presidente de la República».
CONFLICTO ENTRE PODERES DEL ESTADO
El eventual desacato del gobierno podría desencadenar un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, lo que, según Peña, «nos retrotrae a tristes momentos de la democracia chilena». La experta compara la situación con la Unidad Popular (1970-1973), cuando el cumplimiento de fallos dependía de la autoridad política de turno, y advierte que la actual Constitución busca evitar estas interferencias.
Finalmente, Peña recalca que «lo único que corresponde en derecho es restituir el terreno a su propietario sin cuestionamientos». Considera que, si el gobierno desea ofrecer una solución habitacional a las familias afectadas, debe hacerlo sin obstaculizar el desalojo. «El Estado tiene mecanismos para buscar terrenos fiscales y proporcionar condiciones adecuadas, pero no puede incumplir un fallo judicial».
A días del vencimiento del plazo, la incertidumbre persiste. La reunión clave de hoy podría definir el curso de los acontecimientos, pero la pregunta sigue en el aire: ¿Está el gobierno dispuesto a cumplir con la justicia o se abrirá un nuevo frente de conflicto institucional?
