La presidenta de Perú, Dina Boluarte declaró hoy ante la Fiscalía de Perú y mañana le tocará volver a hacerlo por orden de la Fiscal de la nación, Delia Espinoza, esto por su supuesto vínculo con los denominados casos Qali Warma y Cofre Presidencial. Su defensa confirmó la participación de la mandataria en ambas citaciones, tras haberse negado anteriormente.
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La primera citación estaba contemplada para el día hoy a las 8:30 am hora local por el caso “Qali Warma” en el que se acusa a la presidenta del delito de negociación incompatible para el programa del mismo nombre, que se encarga de la distribución de alimentos en colegios de zonas vulnerables, a través del cual se distribuyeron conservas con carne de caballo, la cual no era apta para el consumo humano, causando intoxicaciones a menores en regiones como Cajamarca y Puno.
DURANTE EL GOBIERNO DE CASTILLO
Todo esto se habría dado el periodo en que el Boluarte era la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, durante el turbulento gobierno del expresidente Pedro Castillo, en ese puesto además habría otorgado un consorcio empresarial a su amigo el exministro del interior Víctor Torres y a su hermano Nicanor Boluarte. Anteriormente, en abril del 2024, la jefa del estado peruano había sido citada por este caso, pero se acogió al derecho de guardar silencio.
Todo esto llevó a la mandataria a tomar medidas, como cambiar el nombre del programa de asistencia, que ahora se llama Wasi Mikuna. El exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Javier Demartini, señaló que desde el 2023 se ha realizado una reestructuración del programa ante las diversas denuncias. Además, precisa que se les hizo seguimiento a estos casos para determinar culpables.
Pero el año pasado, a pocas semanas de haber iniciado las clases escolares, se reportó una intoxicación en un colegio de educación media, en el distrito de Cabana, provincia de San Román, en Puno. En este entonces, 19 alumnos del quinto grado fueron trasladados a un hospital tras presentar algunos signos de una mala alimentación.
LAS CONSECUENCIAS DEL CASO
Por esto, las consecuencias del caso siguen extendiéndose, con investigaciones judiciales en curso y acciones legales contra varios involucrados. Uno de los incidentes más graves fue la muerte de Nilo Burga, dueño de la empresa Frigoinca, que producía las conservas Don Simón, que contenían la polémica carne de caballo.
Incluso se reveló que la empresa Frigoinca, había ganado 88.5 millones de soles peruanos, que equivale a 23 millones de dólares en contratos con el programa estatal Qali Warma en el último semestre. La investigación detalla que se habrían realizado pagos a un funcionario de la Dirección Regional de Salud de Puno para ocultar la insalubridad de sus productos.
Y el día de Mañana, a las 8:30 am hora local, Boluarte deberá nuevamente acudir a la fiscalía de su país, pero esta vez para declarar por el cargo delictual de encubrimiento personal en agravio del Estado a raíz del llamado caso “Cofre Presidencial”.
En este, la fiscalía investiga el presunto uso del vehículo presidencial en la fuga del líder del partido político Perú Libre, Vladímir Cerrón, quien también fue gobernador del Departamento de Junín. Se le acusa de ser el presunto cabecilla de la red criminal ‘Los dinámicos del centro’, acusada de cobrar sobornos y contratar personal vinculado al partido político Perú Libre a cambio de coimas.
SE HABÍA NEGADO A DECLARAR EN LA PRIMERA OCASIÓN
Dina Boluarte empezó a ser vinculada en el caso, a partir de una grabación atribuida al titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez. En la conversación presentada por el capitán de la Policía Nacional de Perú, Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, y difundida por diversos medios de comunicación del país, se oye decir a quien sería el responsable del Ministerio que “él (Cerrón) se estaba movilizando en el cofre para que la Policía no lo pare…. Ella fue”.
Al igual que el caso anterior, la presidenta se negó a declarar en la primera ocasión, como tampoco participo en la reconstrucción de escena para esclarecer los hechos. En esa oportunidad, la jefa de Estado acudió a la sede fiscal antes de las 8.00 a.m. acompañada de un fuerte resguardo policial, sin embargo, se retiró poco antes de las 9.00 am.
DERECHO A GUARDAR SILENCIO
A su salida de la audiencia, el abogado Juan Carlos Portugal informó que su clienta se acogió al derecho de guardar silencio. “La presidenta de la República ha hecho una renuncia parcial. Mientras que la judicatura suprema no resuelva nuestro pedido de control de plazo, va a acogerse a su derecho a guardar silencio. De lo contrario, va a declarar”, dijo a la prensa peruana. En ese caso, vale mencionar que dicha citación fue producto de una reprogramación de última hora realizada por la jefa de Estado.
Para esta ocasión se espera que la jefa del estado peruano, colabore plenamente con la justica de su país en la aclaración de estos sucesos que nuevamente han despertado el malestar por parte de los ciudadanos peruanos.
