Este lunes, el comité político ampliado, que reúne semanalmente a ministros entre los que está Carolina Tohá y dirigentes de los partidos oficialistas, centró parte de su debate en la orden judicial de desalojo de la megatoma de San Antonio.
Inicialmente programado para el jueves, el procedimiento fue pospuesto tras un acuerdo alcanzado entre los propietarios del terreno, el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), y el subsecretario del Interior, Luis Cordero.
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Desde el inicio de la reunión, se contemplaba la posibilidad de que el gobierno no lograra un entendimiento con los dueños del predio, vinculados a la Inmobiliaria San Antonio. De no haber un consenso, el Ejecutivo debía proceder con el desalojo de las más de 10 mil personas que habitan irregularmente en el terreno de 256 hectáreas.
PRESIÓN EN EL OFICIALISMO
Este escenario generó presión en el oficialismo, desde donde se abogó públicamente por evitar una expulsión con el uso de la fuerza policial.
Durante el fin de semana, el Partido Comunista de Viña del Mar emitió un comunicado señalando que «el desalojo es una práctica punitiva contra las personas y las personas en toma».
Los diputados de esa colectividad, Luis Cuello y Lorena Pizarro, también se manifestaron en la misma línea.
CAROLINA TOHÁ DEFENDIÓ LA DECISIÓN DEL EJECUTIVO
Mientras Montes y Cordero avanzaban en las negociaciones con los propietarios del terreno en Cerro Centinela, la ministra del Interior, Carolina Tohá, enfatizó ante los líderes del oficialismo que el gobierno no incurriría en desacato frente a la justicia.
Según explicó, la única manera de evitar el desalojo era persuadir a los dueños para que aceptaran vender el terreno a los pobladores a través de cooperativas.
En sintonía con lo expresado por Montes, Tohá explicó que la orden judicial permite realizar un desalojo progresivo de las 4 mil familias que residen en el lugar.
Sin embargo, la preocupación en el oficialismo persistía, lo que se evidenció en la reunión donde el gobierno estuvo representado por Tohá y el ministro de Hacienda, Mario Marcel (Ind.-PS).
PARTIDOS OFICIALISTAS
Por parte de los partidos oficialistas, participaron Andrés Couble (FA), Lautaro Carmona (PC), José Toro (PPD), Leonardo Cubillos (PR), Efrén Osorio (AH) y Jaime Mulet (FRVS). Antes de que alguno de ellos profundizara en la situación de la toma «Edén Lajarilla», fue la propia ministra quien puso el tema sobre la mesa.
Según los asistentes, Tohá expuso la postura del gobierno de Boric ante la orden de desalojo, explicando que la medida se implementaría en etapas y que se buscaba un acuerdo bajo el esquema de cooperativas que promueve el Ejecutivo.
Lautaro Carmona destacó que la ministra realizó «Una exposición sobre el tema y cómo se podría abordar sobre la base que, lo primero, es lo que piensen los pobladores».
Por su parte, Efrén Osorio indicó que el gobierno subrayó que «Es un tema en el cual hay un mandato judicial que debe ser cumplido, se abordará con diversidad de soluciones y, dada la magnitud, con la gradualidad que sea necesaria».
INTERVENCIÓN DE TOHÁ
Tras la intervención de Tohá, los presidentes de partido tuvieron la oportunidad de expresar sus posturas.
Carmona manifestó su inquietud por el seguimiento del tema dentro del PC, donde no son pocos los que han presionado al gobierno para evitar un desalojo forzado, incluso si se implementa de manera «gradual», como han planteado en La Moneda.
El uso de la fuerza policial en operativos de esta magnitud es una cuestión incómoda para la colectividad.
