El Congreso de El Salvador, conformado en su mayoría por diputados oficialistas, aprobó una reforma a la Ley Penal Juvenil que establece que menores de edad detenidos, y vinculados al crimen organizado, particularmente las pandillas, sean enviados a cárceles comunes
Esta medida ha generado un intenso debate y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales.
La reforma, impulsada por el presidente Nayib Bukele, busca endurecer las penas para jóvenes involucrados en actividades delictivas.
Sin embargo, organismos veedores de los Derechos Humanos la califican como un retroceso para El Salvador, que se había comprometido a reformular el sistema de justicia juvenil con enfoque diferenciado.
Según Human Rights Watch, «vulnera estándares internacionales de justicia juvenil y los expone a mayores riesgos de abuso».
La organización resalta en que estos centros de reclusión los tendría completamente incomunicados, sin acceso a recursos legales y en condiciones de hacinamiento extremo.
Además, afirman que podrían estar expuestos a tortura y violencia y con acceso limitado a comida, agua potable y atención médica.
Otros organismos de la ONU advirtieron que el sistema penitenciario salvadoreño no cuenta con la especialización necesaria para atender a adolescentes.
Advierten que la medida pondría en peligro su seguridad, salud y desarrollo psicológico.
Desde marzo de 2022, El Salvador está bajo un régimen de excepción que ha permitido la detención de más de 83,000 personas acusadas de pertenecer o ser cómplices de pandillas, muchas de ellas temidas en el continente.
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LA REFORMA
La normatiestablece que los jóvenes detenidos por diversos delitos, y vinculados a pandillas, serán llevados a cárceles regulares.
Ahí deberían estar separados en pabellones dentro de las cárceles regulares para adultos y, al cumplir los 18 años, pasarán al régimen general.
La situación de los menores detenidos en El Salvador sigue siendo un tema de preocupación y discusión tanto a nivel nacional como internacional.
