No había finalizado aún la primera semana de 2025 cuando el Gobierno tuvo que echar marcha atrás al proyecto que buscaba adquirir la casa de Guardia Vieja del presidente Salvador Allende y transformarla en un museo.
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Pero esta decisión no logró cerrar lo que sería una nueva arista de cuestionamientos para el Ejecutivo. La cual abrió incluso una investigación penal en manos del regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y se transformó en la primera gran controversia del año.
LAS ALERTAS SE ENCENDIERON
La venta de la casa de Salvador Allende al Fisco, cuyo proceso culminó en diciembre de 2024 con un contrato de compraventa por $933 millones, generó diversas alertas.
El inmueble se tasó por la familia en aproximadamente $800 millones. Con una inversión total estimada de $1.270 millones, lo que incluye los costos de restauración y adaptación.
Señales que en un inicio se creía que eran solo por temas comunicacionales. Pero cada vez crece más la certeza de que también fueron por problemas jurídicos.
LA ALERTA QUE RECIBIÓ EL MINISTERIO DE CULTURA
Se reveló la existencia de una minuta visada por la jefa de gabinete del Servicio Nacional de Patrimonio, Paz Carmona. Según fuentes de este medio, dicho documento fue enviado al jefe de gabinete de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.
Reportajes T13 reveló antecedentes exclusivos de las declaraciones de algunos funcionarios del Gobierno, que darían cuenta de una serie de advertencias a Presidencia sobre la incompatibilidad en la compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Nélida Pozo, directora del Servicio de Patrimonio Cultural, también juega un papel en este caso. En su testimonio relata que en abril del año pasado, antes de que se emitieran alertas desde el Ministerio de Bienes Nacionales, una funcionaria de su repartición envió una minuta al jefe de gabinete de la ministra de Cultura, Carolina Arredondo.
En el documento, se destacaba la necesidad de considerar que entre las personas involucradas en la compra de las casas presidenciales se encontraban Isabel Allende y Maya Fernández, dos figuras de alta autoridad, lo cual podría generar implicancias legales y comunicacionales para el proyecto.
«Enviándole una minuta de la compra de casas presidenciales en donde en el título de elementos a considerar. Pusimos que se debe tener presente que en la sucesión, existirían dos personas miembros quienes tienen la calidad de autoridades, Isabel Allende y Maya Fernández, para efectos jurídicos y comunicacionales del proyecto (…) hay una segunda minuta, donde se hace un comparativo, de las implicancias de adquirir por subtítulo 29 o 31. No tenemos el acuse recibo del correo”, fue parte de la declaración de Pozo.
«TODOS LOS ANTECEDENTES FUERON ENTREGADOS»
Desde el Ministerio de Cultura dijeron que «todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía. Forman parte de un proceso investigativo sobre el cual no corresponde referirse. Es importante destacar que desde el inicio, el gobierno ha mostrado disposición para colaborar con la investigación, y continuará haciéndolo si se requiere”.
De esa manera, el escandaloso proyecto se habría puesto en marcha a pesar de las preocupaciones manifestadas sobre la incompatibilidad jurídica y política del proceso.
Por lo mismo, la Fundación Fuerza Ciudadana amplió una querella donde solicitan investigar los delitos de fraude al fisco, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, generando un complicado escenario para La Moneda.
