Ángel Valencia, defendió el actuar de la fiscalía en la investigación por la fallida compra de la clínica Sierra Bella por parte de la municipalidad de Santiago y su más reciente arista, la de tráfico de influencia entre la diputada Karol Cariola y la entonces alcaldesa Irací Hassler.
En muchos pasajes el fiscal nacional declinó entregar opinión, por tratarse de investigaciones con carácter de reservado -«no puedo entregar información sobre diligencias en particular»- y apuntó a que es «a la Fiscalía regional de Coquimbo, que se encuentra a cargo de de ambas causas, quien corresponde entregar información detallada sobre el particular».
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Tampoco comentó sobre la audiencia de cautela de garantías del próximo jueves 13 de marzo, en el caso de la diputada Cariola. «No corresponde que la fiscalía emita opiniones respecto de la forma como una imputada o su defensa pretenden defender o sostener sus derechos en un proceso penal», afirmó.
TIEMPOS DISTINTOS
Valencia recalcó que «los tiempos de la fiscalía son distintos de los tiempos de la política y tienen lógicas completamente distintas y tienen ritmos».
Argumentó que «el Ministerio Público es autónomo constitucionalmente. ¿Y para qué es autónomo constitucionalmente? Principalmente para dos motivos. Uno, para tener mayor independencia para combatir la corrupción, para perseguir la corrupción».
Y segundo, agregó el jefe del Ministerio Público, para evitar que sea utilizado como arma política.
«Eso no es una buena idea, porque creo que nadie gana.. (…) Los tiempos de la política, las dinámicas de la política no son un asunto que el Ministerio Público deba considerar al momento tomar su decisión», enfatizó.
Asimismo, defendió la diferencia en la actuación de las distintas fiscalías (distintos tratos) y lo calificó cuestionarlo como «confundir peras con manzanas».
«Cada fiscal dirige una causa sin poder recibir instrucciones particulares del fiscal nacional. El objeto de aquello es proteger precisamente la objetividad y la imparcialidad de esas investigaciones», aseveró Valencia.
«PLAZOS MUY CORTOS»
El fiscal nacional criticó también que «una de las principales vulnerabilidades que tiene nuestras investigaciones es que tenemos plazos de investigación de secreto muy cortos en general» y que «estamos obligados a entregar copias íntegras de las investigaciones desformalizadas, no solo a los imputados, sino que también a las víctimas y a los querellantes».
Sobre estos últimos, deslizó que «a veces las personas se involucran en esas causas como querellantes, a veces sospechamos que es casi solo para tener estas copias».
«Cuando se entregan copias de una carpeta de investigación a los abogados y momentos después esa información comienza a circular en la prensa, esa situación en que en una investigación la información de una investigación reservada comienza a circular y a hacerse pública, solo atenta contra la investigación», destacó.
